La Fiscalía de Mérida solicita una condena de dos años de prisión, nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y una multa de 9.000 euros para la actual concejala del grupo municipal popular Raquel Bravo por el caso ‘Caramelo’, un local de copas que se ubicaba en la plaza de los Escritores de la capital extremeña y al que los vecinos denunciaron en reiteradas ocasiones por el ruido. La acusación pública pide la misma pena para un funcionario municipal, T. M., por un presunto delito continuado de prevaricación medioambiental.
Los hechos denunciados se remontan al año 2008 cuando el establecimiento abrió sus puertas y los vecinos empezaron a denunciar por el exceso de ruido. Por aquel entonces la delegada de Medio Ambiente era la socialista Marisa Tena, pero con el cambio de gobierno en 2011, Bravo asumió las funciones de la delegación de Medio Ambiente. Entre 2011 y 2013 los vecinos volvieron a presentar denuncias reiteradas ante la Policía Local, unas reclamaciones que, según la Fiscalía, no fueron tomadas en consideración por parte de Bravo y del funcionario municipal y por ello considera que se produjo un delito de prevaricación por omisión.
En un comunicado remitido por el Partido Popular de Extremadura, Bravo afirma que “nunca tuvo conocimiento de las denuncias presentadas” contra el establecimiento público y por las que la Fiscalía pretende la apertura de juicio oral. En este sentido, Bravo muestra su sorpresa por la continuidad del proceso contra su persona, tras haber manifestado en la fase de instrucción que nunca tuvo conocimiento de dichas denuncias y recuerda, además, que se trata de un asunto que “se lleva denunciando desde el año 2008, cuando la propia Bravo no era ni siquiera cargo público y el PP no ostentaba el gobierno municipal en la capital extremeña”. Por ello, le sorprende aún más que sea ella “el único cargo público al que le pidan responsabilidades por este asunto, junto a un funcionario municipal”.
