El ayuntamiento, la parte pública de Gasmer, insistió ayer en la ilegalidad de los préstamos solicitados por Roberto Vázquez para las empresas Iniciativas emeritenses y Extremadura 2000 del Gas, y reiteró su intención de emprender acciones legales, según manifestaron Miguel Valdés, Manuel Gámez y Gonzalo García de Blanes, consejeros delegados de la empresa. Valdés aseguró que el empresario no informó de estas operaciones al consejo de administración, y rechazó las declaraciones de Vázquez sobre la legalidad de los préstamos, por lo que, señaló, "lo tendrá que dirimir un juez". Mientras, García de Blanes, considera "muy grave" lo sucedido.