Un informe realizado por la empresa Gius (Gestión Integral de Urbanismo y Suelo) encargado por la Consejería de Fomento y la Dirección General de Urbanismo concluye que en el primer cuatrienio del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que termina este año, sólo se han aprobado 2.025 de las 11.452 viviendas previstas; es decir el 17% de lo fijado para ese período. Además, asegura que está paralizada la construcción de casi 6.000 viviendas.

Los datos, facilitados ayer por el PSOE, indican también que para los próximos cuatro años sólo se han aprobado 450 de las 5.825 viviendas previstas en el PGOU, y que no hay ninguna resulta de las 555 previstas en suelo urbanizable sin fecha de ejecución, cuando los promotores ya han programado 360.

El informe, en opinión del portavoz socialista José Angel Calle y la concejala Francisca Chaves, pone en evidencia que "la Gerencia de Urbanismo tiene paralizado el desarrollo de la ciudad, está potenciando el encarecimiento de la vivienda, favorece la especulación y perjudica los intereses de promotores, ayuntamiento y ciudadanos".

GARCIA DE BLANES Por otro lado, Chaves denunció que las 450 viviendas aprobadas del segundo cuatrienio corresponden a las de Las Abadías y, que, junto a otras 350 del primer cuatrienio, dijo, son las que se está construyendo en los terrenos de la familia del concejal de PP, Gonzalo García de Blanes, lo que "les está reportando unos beneficios de más de cinco mil millones de pesetas".

Además, aseguró que el ayuntamiento incumple la Ley del Suelo, que obliga a que el 25% de las viviendas deben ser de Protección Oficial, al no facilitar suelo para hacer casas de este tipo.

Por todas estas circunstancia, indicó Calle, hay promotores que se están marchando de Mérida, y culpó directamente al alcalde Pedro Acedo, "que está perjudicando a esta ciudad". Para paliar la situación, el PSOE exige que se dote a la Gerencia de más medios técnicos y humanos y que saque suelo al mercado.

Sin embargo, la delegación de Urbanismo desmintió esos datos y que los promotores se marchen. Además, se pregunta por qué Fomento y el PSOE defienden los intereses de una empresa privada.