El grupo municipal de Izquierda Unida ha cursado una solicitud de información al alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, para que se publique en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Mérida la relación de bienes urbanos o rústicos que están exentos del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Según explicó ayer la formación en una nota, el objetivo es que toda la ciudadanía tenga conocimiento de cuáles son esos bienes, su ubicación, a cuánto asciende la cuantía bonificada, la identidad de su titular (salvo en el caso de las personas físicas) y la norma legal en la que se ampara la exención.

«La publicación de estos datos obedece al derecho que tienen los ciudadanos que hacen frente a sus obligaciones de conocer quienes no lo abonan y en base a qué motivos», señaló IU, que apeló a los principios de transparencia y buen gobierno para que Rodríguez Osuna haga suya esta petición y publique los datos.

No obstante, en respuesta, la portavoz municipal, Carmen Yáñez, señaló que esta información no se puede publicar en los términos que solicita IU «porque pertenecen a terceros». En todo caso, dijo que se solicitará un informe para aclarar las dudas.

Según explicó Yáñez, las exenciones que se publican en el portal de transparencia y la petición que realiza IU en relación a las exenciones en el pago del IBI afectan a aquellos edificios que ya tienen esta consideración, entre ellos los que son propiedad de la Iglesia, el hospital, los inmuebles declarados como bienes de interés cultural, siempre que no se destinen a un uso comercial, «y algunos otros».

«Esta exención está regulada por el real decreto de haciendas locales. Lo fundamental y lo que hay que resaltar es que el ayuntamiento no puede publicar la titularidad de estos inmuebles porque pertenecen a terceros», señaló la edil socialista. Aún así, afirmó la delegada, se va a solicitar a la Delegación de Patrimonio un informe para conocer si es posible llevar a cabo esta iniciativa.

«En el portal de transparencia se publica toda la información relativa a contratos, expedientes y documentos municipales siempre que no afecten a terceros y lo permita la ley de protección de datos», recordó la portavoz.