El Tribunal de Cuentas va a designar a un juez para que investigue los indicios de responsabilidad contable detectados por la auditoría que una empresa privada realizó a las cuentas del anterior gobierno municipal del PP, correspondientes a los años 2003 al 2007. Se trata de diez indicios --seis ellos en la antigua Empresa Municipal de Transportes y los otros cuatro en la extinta Gerencia de Urbanismo-- que en su mayoría se trata de pagos que no pueden justificarse y merma de ingresos. Según la auditoría, durante el periodo estudiado las arcas municipales dejaron de percibir casi 8 millones de euros.
La portavoz municipal, Estrella Gordillo, informó ayer sobre la decisión adoptada por este órgano que tiene atribuida la función fiscalizadora, que ha tomado en consideración la documentación presentada por el gobierno de Angel Calle y ahora nombra a un juez para "a partir de aquí, empezar a actuar".
El instructor deberá determinar ahora cuales de los indicios hallados por la auditoría siguen adelante como responsabilidad contable, y si alguno de ellos puede además tener consecuencias penales, según la naturaleza de los indicios detectados, y para quien, ya que puede incurrir en ellas desde el gerente de una empresa municipal, un funcionario, un jefe de sección o un responsable político.
Como ya informó este diario el pasado 29 de abril, la auditoría detalla casos de pagos realizados sin justificación documental alguna; hay operaciones sin que exista un contrato de por medio; pérdidas de plusvalías en operaciones inmobiliarias; abonos de nóminas retrasadas sin justificación; o compensaciones económicas que perjudican a las arcas municipales.
