El 21 de noviembre es la fecha fijada por el juez para la celebración del juicio promovido por el exgerente de la empresa municipal Transportes Urbanos de Mérida, Prudencio González, quien ha denunciado al equipo de gobierno por sus acusaciones sobre presuntas irregularidades en su contrato y la demanda llegó al ayuntamiento el pasado miércoles. Ayer, el ejecutivo local mandó al fiscal toda la documentación de la que dispone al respecto. El asunto está en manos del Juzgado de lo Social de Badajoz.
González reclama 206.000 euros de indemnización por su despido como gerente de la empresa al llegar el PSOE al gobierno local. Sin embargo, el ejecutivo local le solicita que devuelva al consistorio 36.472 euros, que estaría obligado a pagar si el contrato "blindado" que siempre ha denunciado el PSOE se reconociera nulo.
El pasado 29 de agosto se celebró un acto de conciliación entre ambas partes, al que los ediles del PSOE no acudieron a instancias de los servicios jurídicos del ayuntamiento, ya que no estaban de acuerdo con la indemnización que pide González.
En el cruce de manifestaciones por ambas partes, la mayor parte de ellas del equipo de Gobierno, ya que González ha rehusado profundizar en estas denuncias hasta que no haya una sentencia al respecto, el PSOE aseguró que el exgerente cobró en abril 55.000 euros brutos. Otra de las cuestiones denunciadas es que, según el contrato, el despido debía anunciarse al afectado al menos con seis meses de antelación.
