La Junta de Extremadura adjudica 44 viviendas sociales de titularidad pública recuperadas durante el pasado año en la ciudad. El gobierno regional, a través de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, recuperó desde febrero de 2016 un total de 44 inmuebles que estaban siendo ocupados por sus inquilinos de forma ilegal o se utilizaban para actividades ilícitas y se procedió al desahucio, mientras que en lo que va de año se han recuperado 30 viviendas.

Según informa la consejería a este diario, todas las viviendas recuperadas se han adjudicado ya en régimen de alquiler a solicitantes con necesidad de una vivienda que «cumplen los requisitos establecidos en la norma». En concreto, de los 44 inmuebles recuperados por la Junta, 12 se llevaron a cabo por lanzamientos, 10 por la no ocupación de la vivienda y tres por la ocupación ilegal por parte de los inquilinos. Con respecto a la ubicación de estos inmuebles, las recuperaciones se llevaron a cabo en la barriada de San Lázaro, en el polígono Nueva Ciudad, en Juan Canet y San Antonio. «Todas las viviendas cumplen con las condiciones de habitabilidad establecidas en la ley», subrayan desde la Junta.

Cabe señalar que los datos pormenorizados a nivel regional se dieron a conocer hace un par de semanas tras la reunión de la Mesa de Trabajo del Protocolo Antidesahucios, un organismo que puso en marcha el Gobierno regional en colaboración con varias plataformas ciudadanas de la región para regularizar la situación de las viviendas sociales y la distribución de estos recursos a las familias necesitadas.

Desde el inicio del protocolo, que entró en funcionamiento en febrero de 2016, se han recuperado 11 viviendas en la ciudad con actuación policial. Este documento recoge la constitución de mesas de trabajo municipales para los lanzamientos que la Junta pretenda ejecutar en las ciudades con mayor volumen de viviendas, y que sitúa a Mérida en el tercer puesto del ranking, por detrás de Badajoz y Cáceres, con un parque de 1.420 viviendas sociales. Por su parte, la delegada de Servicios Sociales, Catalina Alarcón, aseguraba hace unos días que Mérida era una ciudad «libre de desahucios», un extremo que negaron desde Mérida Participa, al indicar que sí se habían producido desahucios «incluso con menores».

El protocolo de la Junta se firmó con la colaboración de varios colectivos como Adicae, Plataformas de Afectados por la Hipoteca de varias ciudades, la ong Mujeres Sembrando o la asociación para la recuperación de Colorines y Suerte Saavedra, entre otras.