La polémica que mantienen el ayuntamiento y la Junta de Extremadura sobre de quien es la competencia para frenar los malos olores que desprenden la fábrica Extremeña de Grasas, lejos de remitir, se agudiza y podría desembocar en una crisis institucional.
Así, si el martes, el consistorio amenazaba a la Administración regional con emprender acciones judiciales para resolver lo que calificó de "descabellados e hipotético conflicto de competencias", la reacción de la Junta no se hizo esperar y emitió un comunicado en el que acusaba al ayuntamiento de "eludir sus responsabilidades" y demostrar un "preocupante desconocimiento de la legalidad y de sus competencias en materia medioambiental".
Incluso van más lejos al afirmar que si "el Ayuntamiento de Mérida no se ve capacitado para llevar a cabo sus obligaciones, debería dejar paso a otro equipo de gobierno que sí lo esté para hacer cumplir las normas y atender las peticiones de los ciudadanos".
Además indica que el consistorio, en este asunto, "ha optado por engañar a los emeritenses", dice la nota.
