La Junta de Extremadura reiteró ayer que mantiene el contencioso contra el Ayuntamiento de Mérida y la Gerencia de Urbanismo por el proyecto del centro cultural, de ocio y comercial en el antiguo cuartel Hernán Cortés, que el consistorio ha adjudicado a las empresas Joca y Dicex. Además, el portavoz socialista, José Angel Calle, insistió ayer en que esa actuación urbanística en el Hernán Cortés "es ilegal y ellos lo saben", en referencia al equipo de gobierno, al que acusó de tener la adjudicación de este proyecto "pactada de antemano". Sin embargo, desde el consistorio se reitera que todo es legal y que la documentación está disponible en la gerencia, pero que no ha sido vista todavía por nadie del Ejecutivo regional.
Calle indicó además que se trata de un proyecto "mercantilista puro y duro, un negocio para unos pocos y un engaño a los ciudadanos por las cifras de empleo que se dan", ya que hace unos días, señaló, se habló de 4.000 puestos de trabajo y ahora de 1.600.
El portavoz socialista argumentó que el gobierno popular pretende hacer "caja rápida antes de irse", y por ello "identifica servicio público con tiendas que se abren al público", además de especificar que más de la mitad de la parcela se va a destinar a uso comercial a pesar de ser suelo dotacional público, de ahí la ilegalidad, comentó.
Calle también acusó al PP de pactar de antemano las tiendas que van a ir en ese centro comercial (100 según el proyecto), y de "no tener un proyecto de ciudad en la cabeza, sino un proyecto de ciudad en el bolsillo", frente al proyecto integrador y cultural planteado por su grupo.
