La Junta de Extremadura ha declarado que su obligación es garantizar el derecho de todos a una educación de calidad por encima de los deseos de los padres de escolarizar a sus hijos en el centro que prefieran, ya sea público o privado-concertado.
Así lo manifiesta el Gobierno regional en respuesta a unas declaraciones del consejero de Presidencia, Miguel Valdés, que achacó los problemas de escolarización en la ciudad a que, a su juicio, "no existe libertad educativa".
La Consejería de Educación califica de "irresponsable" a Valdés, mientras que denuncia la "ignorancia" que, según esta institución, manifiesta el consejero y asegura que los niños "motivo de su preocupación" se hallan debidamente escolarizados, así como el resto de la población escolar de Extremadura.
Por otra parte, la consejería explica que los criterios exigidos por los colegios sostenidos con fondos públicos para la admisión de los escolares, así como el órgano que debe comprobar los datos, los fija la Ley Orgánica de Calidad de la Educación y no la Junta de Extremadura ni la Consejería de Educación.
