Recuperar las viviendas sociales de titularidad pública que no están siendo usadas para el fin que se crearon y entregárselas a familias que realmente lo necesiten. Con este objetivo entró en funcionamiento en enero de 2016 el Protocolo de Desahucio y Lanzamiento en materia de Vivienda de Promoción Pública propiedad de la Junta de Extremadura, una herramienta para canalizar la información a los colectivos afectados por los desahucios y a los grupos políticos con presencia a nivel municipal y autonómico.
Según informan a este diario fuentes de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, desde que se pusiera en marcha el protocolo, en la ciudad se han recuperado 111 viviendas propiedad del Gobierno extremeño. En concreto, durante el 2016 se llevaron a cabo 44 desahucios de viviendas motivados por la no ocupación del inmueble o porque estaban ocupados de manera ilegal, mientras que en el pasado año se produjeron 67 recuperaciones.
La Consejería destaca que el Ejecutivo autonómico es propietario en la actualidad de un total de 1.440 viviendas ubicadas en la ciudad, las cuales se encuentran adjudicadas en régimen de alquiler. De las 67 viviendas recuperadas en Mérida a lo largo del año 2017, tan solo seis se ejecutaron con un auto judicial, ya que las 61 recuperaciones restantes se efectuaron tras la negociación con los inquilinos. De hecho, el primer paso del protocolo cuando detecta un piso ilegal consiste en estudiar la situación de la familia en cuestión y ayudar a su regularización por los cauces legales. En esta línea, cabe destacar que la mayoría de las recuperaciones se desarrollaron en las barriadas de San Lázaro, Juan Canet y en el polígono Nueva Ciudad.
El protocolo no se activa en un momento determinado, según explica la Consejería, sino que es de aplicación «constante y permanente». Desde su firma, se han celebrado reuniones periódicas donde se han debatido entre las entidades adheridas al protocolo los expedientes de familias con necesidad de vivienda o que siendo adjudicatarias de una vivienda de promoción pública no estaban cumpliendo con lo establecido en su contrato de alquiler para buscar a todas ellas «la situación habitacional más adecuada a su situación económica y social».
Tras la recuperación de las viviendas, la Junta acomete la reparación de los desperfectos si fuera necesario para que se adjudiquen de nuevo a las familias solicitantes de vivienda que cumplen con los requisitos establecidos en el decreto de adjudicación de viviendas de promoción pública.
