La Justicia da la razón al alcalde de Mérida, Ángel Calle, al desestimar el contencioso administrativo interpuesto por el PP en 2009 contra la composición del tribunal para seleccionar 14 plazas de Policía Local.

Según el ayuntamiento emeritense, en abril de 2009 el PP presentó un recurso contra la composición del citado tribunal fundamentado en que el alcalde, como cargo político, no podía ser miembro del tribunal, como establece el Estatuto Básico de Empleados Público.

El equipo de gobierno recuerda que el nombramiento del alcalde como presidente del Tribunal se realizó a requerimiento de la Junta de Extremadura, aunque ante las dudas suscitadas, el alcalde optó por no asistir al tribunal, siendo sustituido por un vocal.

Pese a ello, el PP acusó al equipo de gobierno de cometer "una ilegalidad como la copa de un pino", y de saltarse la ley "a la torera".

A juicio del ayuntamiento, la sentencia señala que "las pruebas se realizaron en todo momento con la intervención de personal técnico sin la intervención de políticos" y que la sustitución del presidente del Tribunal por un vocal por la vía de su no intervención "no puede considerarse un acto nulo de pleno derecho".

También recoge, según el ayuntamiento, que "se puede descartar cualquier indicio de mala fe o intención de fraude en la actuación del alcalde", que, "pretendió, con su actuación, salvaguardar la legalidad de la composición y la actuación del tribunal".

Por tanto, el ayuntamiento emeritense considera que "ha quedado en evidencia que este equipo de gobierno ha llevado a cabo el proceso selectivo de las 14 plazas de policías locales con total limpieza, independencia y profesionalidad".

En su opinión, el PP "debería pedir perdón por las acusaciones públicas que recibió este equipo de gobierno y por el desasosiego que ha generado durante más de un año a las familias de los policía locales que habían superado el proceso selectivo".