El 10 de diciembre, día de la mártir Santa Eulalia, y el martes de Carnaval, serán los dos días de fiesta local para el próximo año, que la junta local de gobierno aprobará el viernes.

Así lo anunció ayer el alcalde Angel Calle poniendo así fin a la polémica sobre la elección del segundo festivo, que ha provocado, incluso, que se dicte una resolución judicial, a instancias del PP, suspendiendo la consulta popular, que se iba a celebrar ayer, para escoger entre el martes de Carnaval o un día de feria.

Sobre esta suspensión, Calle, y con él su equipo, dijo que acatan la sentencia y asumen que "no se han hecho las cosas del todo bien, desde el punto de vista formal, con respecto a la solicitud de opinión a la ciudadanía acerca del segundo día festivo local del 2008", señaló.

En cuanto al fondo de la cuestión, mantienen la defensa de la democracia participativa, y aseguran que seguirán apostando por ella respetando "escrupulosamente los procedimientos, por mucho que le pese al PP". También señalan que no consideran que la democracia consista solo en votar cada cuatro años ni que pedir la opinión de los ciudadanos sea diluir la responsabilidad del equipo de gobierno de tomar decisiones.

"Este es un asunto relativamente menor que no ha salido bien", dicen, y recriminan al PP que quieran sentarlos en el banquillo por un error de procedimiento, "que dista mucho del ordeno y mando practicado en la ciudad en los últimos años".

PETICION DE DIMISIONES Por su parte, la portavoz del PP, Pilar Vargas, reiteró ayer la postura de su grupo, que está estudiando pedir responsabilidades políticas, como exigir la dimisión del alcalde y del concejal Julio César Fuster, "por intentar engañar a Mérida con un proceso antidemocrático y engañoso"; y penales, "por un supuesto delito de prevaricación al convocar un referendo sabiendo que era ilegal".

Ante esta situación, el secretario general del PSOE de Mérida, Ignacio Sánchez Amor, lamenta que Vargas "intente confundir a la ciudadanía elevando al mismo nivel un error de procedimiento en la solicitud de la consulta ciudadana con un delito de prevaricación, algo que solo puede ser consecuencia de su desconocimiento, o de su mala fe".

Por este motivo, Sánchez Amor recomienda a Pilar Vargas "tila y un poco paciencia y cordura a la hora de manifestarse públicamente, ya que si por cada sentencia en contra del ayuntamiento hubiese tenido que dimitir ella y el anterior alcalde, probablemente no hubiese estado ni un mes en el gobierno", dijo.

Además, señala que apoyarán cualquier iniciativa que fomente la participación ciudadana.