Los drones del Catastro también apuntan a Mérida. El ayuntamiento está pendiente de reunirse con el Ministerio de Hacienda para aplicar el plan de regularización catastral que se puso en marcha en el año 2013. El objetivo de la medida es detectar irregularidades en la tributación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a través de inspecciones consistentes en un rastreo desde el aire con satélite y drones. Hasta el pasado 20 de julio, el plan se había aplicado en 224 municipios extremeños en los que se han detectado casi 90.000 casos de fraude, en su mayoría nuevos inmuebles que no tributaban o una ampliación de la vivienda habitual que no se había comunicado al Catastro.

Según explica la portavoz municipal y delegada de Hacienda, Carmen Yáñez, la elaboración de la ponencia catastral que entró en vigor el año pasado frenó la aplicación de este plan en la ciudad, de forma que la cuestión se retomará en los próximos meses antes de su finalización a mediados del 2017. Yáñez indica que todavía no es seguro que la medida vaya a ejecutarse aquí porque los trabajos para la nueva ponencia ya afloraron "numerosas obras que no estaban declaradas". No obstante, señala que todo lo relativo al plan se tratará previsiblemente después del verano, en una reunión que hay pendiente con el ministerio.

"El ayuntamiento está abierto a todas las revisiones que se puedan hacer y sobre todo en aquellas viviendas que están de manera irregular, para que se regularicen y paguen como tienen que pagar", afirma Yáñez, que recuerda que el objetivo de este plan es "que se cumpla la normativa y que cada uno pague de acuerdo al patrimonio que tiene y la modificación que ha hecho de ese patrimonio".

Para realizar las inspecciones, los técnicos de Hacienda comprueban los inmuebles a través de fotografías aéreas con las que se detectan ampliaciones, cambios de uso, reformas, piscinas o construcciones no declaradas. Los supuestos infractores reciben una notificación por correo y tienen que abonar una tasa de 60 euros --según Hacienda es para financiar el plan-- y ponerse al día en el pago del IBI. En los 224 municipios en los que la revisión ya ha concluido, los afectados han tenido un incremento medio de 134 euros en el recibo del IBI a los que hay que sumar otros 338 en concepto de atrasos por los cuatro últimos años --el resto se considera prescrito--. En el conjunto regional, tendrán que pagar unos 42 millones de euros, 11,9 por el incremento del recibo y 30,2 por los atrasos.