La revisión catastral ha pasado a centrar las cuestiones políticas en el ayuntamiento hasta el punto de enzarzar al gobierno local y la oposición. Ayer, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Fernando Molina, dió un paso más al hablar de "catastrazo", de "dardo envenenado" para los bolsillos de los emeritenses y de "subida de impuestos camuflada", que va a suponer una "catástrofe" para los ciudadanos. Todas estas afirmaciones, sin embargo, han sido desmentidas por el alcalde de Mérida, Angel Calle, que invita a Molina a que "esté dos meses callado hasta que se entere, porque no sabe de lo que está hablando y tiene mala memoria", en referencia a los dos años que ha estado alejado del consistorio por problemas personales, y porque la última revisión del catastro "la hizo el PP y la aplicó de golpe, no como ahora, que será en diez años".

Para Molina, bajar el tipo impositivo del 0,83 al 0,74 tanto a efectos de la contribución urbana como a las plusvalías, como ha hecho el gobierno local, "no es nada", y debería haber bajado hasta 0,60, como alegó el PP, dijo. Además, señaló que el actual ejecutivo local "debería provocar la anulación de la ponencia al no ajustarse a la realidad actual", y que "si hubiera revisado la ponencia catastral antes de su salida a la luz, se habría podido ajustar los valores a la realidad actual y no a la de hace dos años cuando los valores de mercado eran los más altos".

Por todo ello, y "ante el engaño a los emeritenses", aseguró, los populares están haciendo un estudio "para tener un conocimiento real del catastrazo".

Ante estas afirmaciones, el alcalde aclaró que "la revisión catastral la solicitó el PP", que la última vez que se revisó lo hizo el PP "con una subida de golpe, cuando ahora va a ser en diez años", y que han dado cuenta al Catastro de todas las revisiones que no consideran adecuadas.

Además, Calle insistió en que el ayuntamiento "va a recaudar menos" por este concepto y que todo lo que está en su mano lo ha resuelto con la bajada de tipos. Lo único que busca Molina es, a su juicio, "generar alarma social". Lo mejor, dijo, "es que esté dos meses callado hasta que se entere de lo que habla".

Lo cierto es que cientos de vecinos acuden a Correos para recoger la nota sobre el catastro.