Atender las necesidades de los extranjeros que solicitan a España la protección internacional. Este es el principal objetivo del centro de refugiados de Mérida, un espacio con capacidad para 25 personas que prácticamente no ha dejado de estar al 100% de ocupación desde su reapertura en marzo de 2017. En su mayoría son familias monoparentales con hijos que proceden de diversos países, algunos de ellos en conflicto o en estado de crisis humanitaria, como Ucrania, Siria o Venezuela.

Según explica Emilio Romero, responsable autonómico del Programa de Atención a Personas Refugiadas de Cruz Roja, los primeros inquilinos fueron acogidos en mayo del pasado año. «La intención es que la persona acabe siendo lo más autónoma posible y pueda vivir de forma independiente», sostiene. Por ello, en el centro se ofrecen múltiples servicios, desde asistencia terapéutica y sanitaria hasta asesoramiento administrativo y jurídico para que puedan formalizar su situación.

El programa de protección internacional está subvencionado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social con la participación de organizaciones como Cruz Roja, que gestiona el centro de refugiados de Mérida, ubicado en Suárez Somonte.

El programa de Cruz Roja tiene una duración de un año y medio, que puede aumentar según las necesidades, distribuido en tres periodos de seis meses. La primera fase persigue que los refugiados adquieran las competencias básicas para tener una vida independiente, como aprender el idioma o realizar trámites burocráticos. Durante los seis meses siguientes, se trasladan a unos pisos tutelados con apoyo económico y técnico para seguir su adaptación al entorno. Los últimos seis meses vivirán de forma más autónoma aunque seguirán recibiendo ayudas puntuales.

«El objetivo es que una vez que pase ese periodo de tiempo se integren en la sociedad», subraya. Así, dos pilares básicos del programa son facilitar el conocimiento del idioma y aportar las herramientas para el acceso a un trabajo. Cabe recordar que tras siete años sin actividad, la Comisión de ayuda al refugiado (CEAR) que gestionaba el centro tuvo que cerrarlo por falta de recursos después de diez años prestando ayuda.