El nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mérida estará en funcionamiento el próximo año en la barriada de La Argentina, con "cierta reserva y un 95% de posibilidades", tras las últimas gestiones realizadas con el Gobierno nacional. Así lo anunció ayer el alcalde, Pedro Acedo, tras la celebración de la Junta Local de Seguridad, en la que también estuvo presente el delegado del Gobierno en Extremadura, Germán López Iglesias.

En la reunión, que se celebra anualmente para determinar las acciones y las políticas de seguridad municipal que se llevarán a cabo, se destacó que el número de delitos y faltas registradas por la policía nacional en la localidad ha descendido un 5,6% en los primeros seis meses de este año en comparación a los datos del mismo periodo en 2013.

"Mérida es una de las ciudades más seguras de Extremadura", dijo el regidor municipal. En este sentido, el número de delitos ha pasado de 1.366 en el periodo correspondiente de enero a junio del año 2013, a 1.299 en el 2014, lo que supone un total de 67 infracciones menos.

En lo referente al número de delitos por sustracciones en vehículos también ha disminuido en un 37,5%. En los siete primeros meses de 2014 han existido 40 denuncias, mientras que en el mismo periodo de 2013 hubo 64, un total de 14 menos. A su vez, se informó de que los delitos penales registrados por la guardia civil han pasado de 120 a 86, un 28,3% menos. De esta forma, el delegado del Gobierno hizo referencia a estos números y recordó que la ciudad goza de una seguridad importante.

Otro de los asuntos tratados en la Junta Local de Seguridad fue la puesta en marcha de un dispositivo especial con motivo de la celebración de la Feria de Septiembre, y que contará con 12 policías nacionales localizados en el recinto ferial que colaborarán con la autoridad local.

Por otra parte, regidor municipal indicó que se va a analizar y estudiar la posible modificación del horario de las terrazas de los locales durante los días del festival. "Existe una ordenanza que es de obligado cumplimiento que es competencia del Gobierno de la región y se tendrá que consultar con todos los colectivos afectados, los vecinos y los empresarios". apuntó.