El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, calificó ayer de «caso excepcional» el que una funcionaria haya sido condenada a nueve meses de prisión, tres años y medio de inhabilitación en cargo en público y una multa de 220.000 euros por los delitos de negociaciones prohibidas y blanqueo de capital. «Sucede en un momento puntual que ocurrió en 2005 gobernando el PP, pero que afecta únicamente a una empleada», subraya Osuna.
