La delegada del Gobierno, Carmen Pereira, negó ayer en Badajoz que la prohibición de que los agentes de la policía local de Mérida patrullen de paisano constituya una discriminación para la capital extremeña. Pereira señaló que la negativa a autorizar estas patrullas se sustenta en la ley, que sólo permite ir de paisano en casos excepcionales, y vigilar el botellón no entra, a su juicio, en esta excepción.
La responsable gubernativa comentó que la obligación de patrullar de uniforme "es una decisión técnica, tomada en base a los informes jurídicos".
Estos informes, siempre según Pereira, establecen las competencias de cada cuerpo de seguridad. En todo caso, y si así se lo requiriesen más alcaldes, la delegada del Gobierno manifestó que está dispuesta a estudiar los casos que se plantean y ver si pueden acogerse a la excepcionalidad legal.
