La Fiscalía de Mérida solicita una condena de dos años de prisión, nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y una multa de 9.000 euros para la concejala del grupo municipal popular Raquel Bravo por el conocido caso ‘Caramelo’, un local de copas que se ubicaba en la plaza de los Escritores y al que los vecinos denunciaron en reiteradas ocasiones por el ruido. La acusación pública pide la misma pena para un funcionario municipal, T. M., y los considera autores de un presunto delito continuado de prevaricación medioambiental por la «inacción» frente a la acumulación de denuncias por ruido que acumulaba el local.

Los hechos denunciados se remontan al año 2008 cuando el establecimiento abrió sus puertas y los vecinos empezaron a denunciar por el exceso de ruido. Por aquel entonces la delegada de Medio Ambiente era la socialista Marisa Tena, pero con el cambio de gobierno en 2011, Bravo asumió las funciones de la delegación de Medio Ambiente. Según la acusación pública, entre 2011 y 2013 los vecinos volvieron a presentar denuncias reiteradas ante la Policía Local, unas reclamaciones que, según la Fiscalía, no fueron tomadas en consideración por parte de Bravo y del funcionario municipal y por ello considera que se produjo un delito de prevaricación por omisión.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público pidió el sobreseimiento de cuatro personas investigadas, entre ellas Tena, al entender que sí realizaron una serie de actuaciones tras tener conocimiento de las denuncias.

En un comunicado remitido ayer por el Partido Popular de Extremadura, Bravo afirma que «nunca tuvo conocimiento de las denuncias presentadas» contra el establecimiento y se muestra sorprendida por la continuidad del proceso. El PP recuerda, además, que se trata de un asunto que «se lleva denunciando desde el año 2008, cuando la propia Bravo no era ni siquiera cargo público y el PP no ostentaba el gobierno municipal en la capital extremeña». Por ello, le sorprende aún más que sea «el único cargo público al que le pidan responsabilidades».

MÁS DE CIEN DEMANDAS // La actividad del establecimiento provocó durante 2009 y 2010 «múltiples denuncias por ruidos excesivos que impedían el descanso de los vecinos», tanto por incumplir los horarios de cierre como por el uso de veladores exteriores. El ayuntamiento aprobó en mayo de 2009 la Ordenanza de Contaminación Acústica, que establece que las denuncias por incumplir las normas de prevención y contaminación acústica darán lugar a la apertura de diligencias o de un expediente sancionador.

El escrito refleja que la concejalía de Medio Ambiente, que dirigía Tena, tomó varias medidas como mediciones de la sonoridad del local y la revocación de la autorización de la terraza. Los ruidos provocaron dos nuevas denuncias en 2011, cien en 2012 y cuatro en 2013, cuando los dos acusados estaban ya en el «pleno ejercicio de sus competencias» y «no se llevó a cabo ninguna actuación por parte de los acusados para investigar las mismas».

Los vecinos acudieron al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que concluyó que las viviendas soportaban niveles de decibelios que «prácticamente doblegan los límites establecidos» por la ley. Con estos informes y los partes médicos de los vecinos, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Mérida acordó la clausura temporal del local, pero la inacción de los acusados continuó.