Los drones del Catastro están cada vez más cerca. El Ministerio de Hacienda va a revisar en los próximos meses los más de 9.600 edificios de la ciudad en busca de irregularidades en la tributación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a raíz de reformas que se hayan hecho en la vivienda, ampliaciones o cambios de uso. Las inspecciones consisten en un rastreo desde el aire con satélite y drones y su objetivo no es multar las construcciones ilegales, sino aflorar aquellas que están defraudando en el pago del impuesto.

Los supuestos infractores recibirán una notificación por correo después de la inspección y deberán abonar una tasa de 60 euros, actualizar el recibo del IBI conforme a las características actuales de su vivienda y pagar los atrasos correspondientes a los últimos cuatro años, ya que lo anterior se considera prescrito. En los 224 municipios extremeños en los que la revisión ya ha concluido, los afectados han tenido un incremento medio de 134 euros en el recibo del IBI a los que hay que sumar 338 de atrasos, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Hacienda.

MÉRIDA, DE LAS ÚLTIMAS / Este plan se ha venido aplicando desde el año 2013 y Mérida será una de las últimas ciudades extremeñas y españolas en acogerse a la medida debido a nueva ponencia catastral que se hizo en 2015.

Las directrices del proceso vienen marcadas por el Gobierno central, que actúa «de la mano de los ayuntamientos», según el ministerio. La actuación se ejecuta por fases periódicas y la lista de las localidades que se revisarán en cada una de ellas se publica antes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Mérida aparece en el listado que se dio a conocer el pasado mes de diciembre junto a otros 38 pueblos de la provincia de Cáceres. No obstante, según ha confirmado la portavoz municipal, Carmen Yáñez, las inspecciones todavía no han comenzado y el consistorio está a la espera de mantener una reunión con el ministerio, lo que será previsiblemente después del verano. Los drones del Catastro, por tanto, sobrevolarán la ciudad en los próximos meses, ya que la previsión de Hacienda es que el plan concluya a principios de 2018.

Yáñez ya señaló el pasado diciembre que el objetivo de este plan es «que se cumpla la normativa para que cada uno pague de acuerdo al patrimonio que tiene». Por ello, dijo, «el ayuntamiento está abierto a todas las revisiones que se puedan hacer, y sobre todo en aquellas viviendas que están de manera irregular».