El PP aprobó ayer los presupuestos del ayuntamiento, cifrados en 76 millones de euros, con el voto en contra del PSOE, que calificó las cuentas municipales de ilegales.

El portavoz del grupo socialista, Angel Calle, justifició asta afirmación alegando que el equipo de gobierno infringe la ley "desde el momento en que se venden bienes del patrimonio municipal del suelo con la finalidad de conseguir financiación para hacer frente a las inversiones generales, como parques y jardines, dotaciones deportivas o un edificio en la universidad".

Según dijo, "el dinero que se logra por la venta de patrimonio municipal del suelo no se puede destinar a cualquier fin, por loable que sea, sino el específico de conservación y ampliación del patrimonio municipal".

Por su parte, la concejal de Hacienda, Gloria Constantino, explicó que el único objetivo de las enajenaciones "es invertir en Mérida" y destacó que de esta manera han logrado reducir la deuda y congelar los impuestos.

Además, indicó que los presupuestos están avalados por informes técnicos "que dicen donde pueden ir las inversiones y los gastos. Si no están de acuerdo, vayan al juzgado. El pasado año nos gastamos 16 millones en inversiones y este año serán 25. Los ciudadanos ven como Mérida está cambiando", manifestó.

GERENCIA Otro punto polémico fue la modificación de los estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que permitirá la integración del Servicios de Obras e Infraestructura del ayuntamiento en este organismo autónomo.

La portavoz del equipo de gobierno, Pilar Vargas, explicó que esta medida se ha tomado para adaptar la gerencia a la ley de Grandes Ciudades y para facilitar la tramitación de los expedientes que solicitan los ciudadanos, al eliminarse la duplicidad que antes había en las dos entres administrativos, ya que una se encargaba de planear las obras y otra de ejecutarlas.

Sin embargo, Angel Calle indicó que se estaba creando "un monstruo, un ayuntamiento paralelo, con una capacidad de tomar decisiones que se escapa de todo control democrático, es la marbellización policía y el control del mercado del ladrillo", dijo.

Vargas replicó que los estatutos han tomado como referencia los de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), los que usa la Junta con sus organismos autónomos y otros de gobiernos municipales socialistas, "y este es similar a otro del ayuntamiento de Córdoba, gobernada por IU".

BAJO CONTROL Además, indicó que todo lo que haga la gerencia está controlado, "porque todos los acuerdos se deben atener a lo que marque la ley".

La modificación de los estatutos fue aprobada con los votos a favor del PP y los votos en contra del PSOE (12-11).

Por otro lado, el alcalde Pedro Acedo llevó por la vía de urgencia la propuesta de que el ayuntamiento se haga cargo del mantenimiento de la carretera de Proserpina cuando la Confederación Hidrográfica del Guadiana haga las obras de ensanchamiento, un requisito que exige para iniciar el proyecto. Fue aprobado por unanimidad.

El único incidente de un pleno correcto fue un insulto contra un concejal del PSOE, Julio César Fuster, quien pidió la palabra para decir que un consejero municipal le había llamado hijo de puta .