El grupo popular ha presentado en el ayuntamiento una reclamación contra los tres concursos por los que se pone a la venta tres parcelas municipales para financiar el 40% del coste de la ciudad deportiva, unos 8 millones de euros, y piden que se suspenda todo el proceso.

La reclamación, que es un paso previo a la presentación de una denuncia en el Juzgado Contencioso Administrativa, señala que en los concursos se vulneran los principios de libre concurrencia, igualdad de trato y no discriminación, ya que se dan puntos a las personas que tengan alguna propiedad cercana a las parcelas que se venden.

El PP también considera que no se han respetado los plazos para la presentación de ofertas y hay una inadecuada publicidad en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Oficial de la Unión Europea (DOUE).

CRITICAS La portavoz del PP, Pilar Vargas, recordó que antes "el grupo socialista consideraba que la venta de estas unidades para financiar la ciudad deportiva era ilegal, y ahora las ponen a la venta. Lo estamos estudiando, porque para nosotros es irregular".

Pilar Vargas explicó que dar más puntos por tener proximidad a las parcelas que se pretenden comprar "es manifiestamente contrario a la normativa española y europea y la ley de Contratos deja claro que, en cualquier enajenación, los objetivos de valoración deben ser claros y no específicos, como tener más derecho por ser vecino, por lo que se está predeterminado. Es un pelotazo en toda regla", dijo.

Vargas también criticó que el equipo de gobierno sacara los tres anuncios por separado, en vez de hacerlos juntos, "como medida de ahorro". La explicación que da a eso es que publicándolos por separado no superan los 6 millones de euros "y así no lo publican en el boletín europeo". En cuanto al vencimiento, aseguró que la ley de Contratos establece que el plazo de presentación de ofertas es de 26 días naturales contados a partir de la publicación del anuncio de licitación, "y en este caso nada más que se dan 15 días".

También explicó que "curiosamente", la venta de estas parcelas rondará los 8 millones de euros, "que es el dinero que se le debe a Sidecu por la compra de la ciudad deportiva".

DEJAR SIN EFECTO En la reclamación se solicita que dejen sin efecto "los expedientes de contratación administrativa para la enajenación de los aprovechamientos urbanísticos", y que se anulen los pliegos de condiciones económico administrativas "por ser contrarios a la normativa española y comunitaria de contratación pública".

Vargas indicó que esta situación acarreará "graves responsabilidades administrativa y políticas y el grupo popular va a ponerlas a disposición de los emeritenses para que decidan si el equipo de gobierno lo está haciendo mal o muy mal".

El ayuntamiento tiene ahora un plazo de tres meses para contestar a la reclamación.

Por otro lado, opinó que la compra de la ciudad deportiva por el consistorio "ha sido el gran negocio para Sidecu".