El Grupo Municipal Popular presentó ayer en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Mérida un recurso contra el acuerdo del equipo de gobierno local de paralizar las obras que se estaban llevando a cabo en los terrenos del antiguo cuartel Hernán Cortés, en la que el PP fijó durante su gobierno la construcción de varios museos, la ubicación de hasta cien locales comerciales y 2.000 aparcamientos, y un planetario, entre otras actuaciones, de un proyecto que tenía una inversión de 85 millones de euros, y que preveía crear 1.600 empleos, según recordó ayer la portavoz del PP en el ayuntamiento, Pilar Vargas.
La dirigente popular argumentó que han presentado este recurso "cansados de escuchar siempre la misma mentira por parte del alcalde" sobre la presunta "ilegalidad" del proyecto. A su juicio, el anterior equipo de gobierno actuó en este y los demás proyecto de forma "limpia, transparente y legal", y advirtió que gastarán "lo que haga falta, aunque nos arruinemos" en defender ante los tribunales los casos que sean necesarios.
Todo llega después de que la junta local de gobierno aprobara el pasado 6 de agosto la anulación del contrato firmado por el anterior ejecutivo con las empresas constructoras Dicex y Joca, y se paralizara la obra. Según Vargas, este recurso contencioso administrativo se basa en una serie de fundamentos, como la falta de procedimiento legal, la presentación fuera del plazo legítimo del requerimiento de la Junta a la junta local de gobierno y errores que, en su opinión, contemplan los acuerdos de esa reunión del ejecutivo local en relación a los términos del contrato.
Vargas explicó que en ese acuerdo del gobierno municipal socialista se contemplan acciones que no se ajustan a la legalidad, tales como que declara la nulidad de los expedientes "sin contar con el necesario informe preceptivo y vinculante del Consejo Consultivo de Extremadura", según prevé, dijo, el artículo 102 de la ley de procedimiento administrativo. Además, tampoco se ha mantenido una reunión con el contratista ante de tomar esta decisión, tal y como figura en el artículo 59 de la ley de contratos de las administraciones públicas, reiteró.
FUERA DE PLAZO Asimismo, señaló que el requerimiento de la Junta de Extremadura a la junta local de gobierno "es extemporáneo", ya que se produjo "cuatro días después" de finalizar el plazo de 15 días establecido en el artículo 215.2 del reglamento de entidades locales.
Otra de los argumentos del PP es que el equipo de gobierno ha asegurado que se trataba de un contrato de concesión de obra, cuando era de ejecución de obra.
Estas son las principales razones argumentadas en el Contencioso presentado por el PP, pero Vargas destacó que el gobierno actual "no tiene potestad ni capacidad para anular nada".
Lo cierto es que, según la edila popular, la decisión del equipo de Angel Calle "ha dejado en la calle a 30 trabajadores" que hacían labores de excavación en el solar, "sin que le duelan prendas al señor Calle", resaltó.
En su opinión, todo obedece al "afán de revanchismo" del PSOE, que "si nos pudiesen eliminar a todos, nos eliminaban también, no me cabe duda".
