El Grupo Municipal Popular de Mérida advirtió ayer, en relación a lo que recoge una auditoría que cuestiona algunas operaciones contables del último gobierno popular en la ciudad, que sus servicios jurídico-económicos están estudiando "posibles acciones legales a emprender contra aquellos que utilicen de manera sesgada, demagógica y como arma arrojadiza las conclusiones más que discutibles del documento presentado".
La portavoz popular en el ayuntamiento, Pilar Vargas, explicó ayer a través de un comunicado de prensa que "cualquier valoración política realizada de manera interesada" como la que, según señaló, han realizado "cargos socialistas" de la ciudad, "no tiene ninguna validez a tenor de los argumentos que ofrece la empresa que ha realizado la auditoría"; una vez que estos servicios jurídicos-económico la han examinado.
A su juicio, "el propio trabajo presentado por la empresa auditora es claro al hablar de la metodología empleada para realizar el trabajo". Para la portavoz popular, la empresa que realizó la auditoría señala en su informe que "por la propia naturaleza del trabajo efectuado, no se puede tener la seguridad de que los procedimientos aplicados pongan de manifiesto todos los asuntos, errores o debilidades que pudieran existir en relación con los mencionados estados contables y con el cumplimiento de la legalidad y los procedimientos de control interno".
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular considera que esta advertencia realizada por la empresa auditora es "suficientemente significativa como para no hacer valoraciones política interesadas hasta que el equipo de gobierno no cumpla con su deber de llevar hacer una auditoría a través del Tribunal de Cuentas", en referencia a lo que estos días han manifestado el secretario general del PSOE de Mérida, Ignacio Sánchez Amor; y el alcalde de Mérida, Angel Calle, entre otras personas.
OPINION DE IU Por otro lado, Izquierda Unida de Mérida expresó ayer su apoyo a la iniciativa del equipo de gobierno de hacer llegar la auditoría al Tribunal de Cuentas y le propone que también la remita a la Fiscalía Anticorrupción. En su opinión, los hechos descritos en el informe realizado son "gravísimos" y constituyen "un menosprecio" a los emeritenses por parte del anterior gobierno local.
