El alcalde, Pedro Acedo, suspendió ayer un pleno municipal al poco de empezar ante "las coacciones" de un grupo de unas 20 trabajadoras del servicio municipal de limpieza de edificios públicos, que asistieron al salón con camisetas sobrepuestas en las que se leía "no a las privatizaciones no a las mentiras". Acedo anunció que presentará una querella criminal contra los organizadores de la protesta, en este caso CCOO, "como responsable de ese impedimento".

Los hechos se desencadenaron apenas comenzado el pleno, a las 12.15 horas, cuando unas 20 limpiadoras con el responsable sindical de CCOO en el ayuntamiento, Juan Luis Lancho, entraron en el salón.

El concejal de Personal, Gonzalo García de Blanes, pidió la palabra para quejarse que con la presencia de estas personas, los concejales del PP no se podían expresar libremente al sentirse coaccionados y recordó que la ley "nos garantiza que nos podamos expresar con libertad".

Acedo tomó la palabra y les dijo a los presentes que en los plenos no puede haber ninguna muestra de agrado o desagrado por parte del público a los temas que se debaten y pidió a las limpiadoras que se quitaran la camiseta, "y si no es así entiendo que es una provocación". No le hicieron caso y les reprochó que "están impidiendo el desarrollo de este pleno con alevosía" y suspendió el pleno provisionalmente.

Pasados 30 minutos, el portavoz del PSOE, Angel Calle, suplicó a las limpiadoras que declinaran la protesta para poder celebrar el pleno, a lo que accedieron.

A renglón seguido, Acedo llamó a Calle para comunicarle que el pleno se suspendía y que se celebraba otro hoy a las ocho de la mañana.

Las trabajadoras señalaron que se quedaron en el salón "porque somos ciudadanas que venimos pacíficamente a ver el pleno".

Juan Luis Lancho, rechazó las acusaciones de provocación por este hecho que "demuestra el talante del equipo de Gobierno".

Calle aseguró que "es una cuestión de cintura política y una interpretación arbitraria de la ley".

Por su parte, Acedo manifestó que este hecho ha roto la legalidad, dado que se ha impedido el normal desarrollo de una sesión plenaria, a la vez que "se nos coacciona por la fuerza para intentar impedir algo que nos corresponde a nosotros decidir", la privatización del servicio de limpieza de edificios públicos. En este sentido, anunció que está dispuesto a convocar cuantos plenos sean necesarios, incluso a puerta cerrada.