Un nuevo proyecto empresarial busca instalarse en el entorno de la ciudad. La Junta de Extremadura somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y el estudio de impacto ambiental para la instalación de una planta fotovoltaica e infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada, en una parcela junto a la carretera de Alange, en el término municipal de Mérida. Cabe destacar que el promotor de esta industria fotovoltaica es la planta solar OPDE La Fernandina, que tiene su domicilio social en la localidad navarra de Fustiñana, y que contempla una inversión de 32,66 millones de euros.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó ayer un anuncio de la Consejería de Economía e Infrestructuras sobre la información pública de este proyecto, la instalación fotovoltaica denominada La Fernandina. Según se recoge en este documento oficial, la finalidad del proyecto es la instalación de una producción de energía eléctrica solar fotovoltaica, así como la infraestructura eléctrica de evacuación asociada.

En concreto, la instalación generadora estará compuesta por un campo generador de 146.760 módulos fotovoltaicos Etsolar, lo que supone una potencia nominal total de 45.836 kilovatios, así como una potencia pico total que asciende a 49.898 kWp.

Según recoge el proyecto, la instalación se subdivide en siete campos solares, de los que cada subcampo tendrá un centro de inversión-transformación con un transformador de 6.560 kVA y cuatro inversores de los cuales, seis de ellos estarán conformados por 21.000 módulos, en 700 cadenas de 30 módulos en serie y uno de ellos estará formado por 20.760 módulos, en 692 cadenas de 30 módulos en serie.

Asimismo, la instalación contará con sus correspondientes conexiones y equipos de control, protección y medida, de tal forma que los centros albergarán cuatro inversores de 1.637 kW y un transformador de 6.560 kVA - 0,63/20 kV (elementos exteriores) y celdas de media tensión y control (elementos interiores).

Sobre este asunto, señalar que según se contempla en el DOE, el órgano competente para resolver la solicitud de autorización administrativa previa es la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Infraestructuras, mientras que el órgano competente para formular la declaración de impacto ambiental es la Dirección General de Medio Ambiente perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.