El Gobierno municipal rechaza paralizar los trámites para la construcción de nuevos quioscos en la plaza de España pese al rechazo de la oposición y de los concejales no adscritos, que apoyaron en el pleno del pasado jueves la proposición suscrita por el grupo municipal popular para que se anularan estos procedimientos. La portavoz municipal, Carmen Yáñez, manifestó ayer en una rueda de prensa que este procedimiento es «fundamental para cumplir con la normativa», ya que se trata de «regularizar una concesión que lleva de forma irregular desde hace quince años y a la vez hay que reformar unos edificios que no tienen las medidas de accesibilidad, sanitarias ni estéticas que se requieren».

La delegada argumentó que con el proyecto de reforma de los quioscos se «mejora la imagen de una ciudad que es patrimonio de la humanidad», al tiempo que se cumple con la normativa «en unos edificios que son de propiedad municipal», ya que la concesión administrativa para la explotación de los quioscos finalizó en 2002. «Todos los hosteleros de la ciudad tienen que cumplir con la normativa», apostilló Yáñez, quien defendió que el procedimiento se está llevando a cabo de forma «totalmente transparente, algo que antes no se hacía».

Sobre este asunto, la edil del grupo municipal popular, Raquel Bravo, denunció ayer la «falta de lealtad democrática» del Equipo de Gobierno, al entender que «se salta a la torera» los acuerdos del pleno. «Es desesperanzador que el pleno no mande y estemos en manos de las decisiones unilaterales», afirmó Bravo. En consecuencia, avanzó que su grupo buscará las «fórmulas jurídicas» para que los dictámenes del pleno «se cumplan y vuelva la democracia al ayuntamiento».

CENTRO DE SEGURIDAD VIAL // Por otra parte, la concejal popular mostró su rechazo a la retirada en el pleno del punto del orden del día referente a la proposición popular sobre la reapertura y puesta en servicio del centro infantil y juvenil de seguridad vial. A su juicio, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, retiró la propuesta basándose en una «triquiñuela política» del reglamento plenario con la «única pretensión de acallar la voz de la oposición». Según Bravo, esta proposición se presentó en el mes de abril y «no se ha tramitado en ningún caso», además de que es «incierto que se vaya a poner en marcha un centro de seguridad vial», ya que «lo creó el PP y cuando Osuna llegó al gobierno lo anuló porque procedía de un grupo que no era el suyo». H