El Ayuntamiento de Mérida iniciará acciones judiciales contra la portavoz del Grupo Municipal Popular, Pilar Vargas, y otros miembros de su partido por unas declaraciones en las que calificaba de "pelotazo urbanístico" la venta de un terreno municipal a la empresa sevillana Bekinsa para financiar la ciudad deportiva, según acordó ayer la junta de gobierno local.

Así lo indicaron ayer el alcalde Angel Calle y la hasta ahora portavoz del gobierno, María Ascensión Murillo, quienes recordaron que Vargas había asegurado que el ejecutivo municipal había vendido 143.000 metros cuadrados por 187.500 euros, en lugar de por 11,8 millones de euros, lo que, para ella, sería una cantidad "más normal".

Calle reiteró que su gobierno "podrá meter la pata, pero la mano nunca", y resaltó que esta operación a la que se refirió Vargas "está avalada por todos los informes técnicos". A su juicio, acusar al ayuntamiento de "regalar doce millones de euros" solo lo hace "por ser una profunda ignorante, y por mala fe", dijo.

Sin embargo, el PP se reafirma en esas acusaciones y anuncia que recopila datos del convenio firmado entre el ayuntamiento y la empresa "para denunciarlo ante la Fiscalía Anticorrupción". Además, aseguró que esa denuncia solo es propaganda y que Calle "no irá más lejos", ya que la junta de gobierno local "no puede iniciar acciones judiciales contra el PP porque este ejerce su libertad de opinión y su labor de fiscalización política".