Como era previsible, los dos puntos más importantes del pleno municipal de ayer se sustanciaron con la aprobación por parte de la mayoría socialista y con el rechazo de la oposición. A pesar de tratarse de dos importantes proyectos para el desarrollo de la ciudad, el que se hará en los terrenos del antiguo cuartel Hernán Cortés, y la ampliación del polígono industrial que permitirá la llegada a Mérida de empresas como Decathlon, el desacuerdo prima entre el PSOE y el PP.

Aunque eso sí, la portavoz municipal y concejala de Urbanismo, Estrella Gordillo, se comprometió a que, una vez que concluyan las catas en el Hernán Cortés y se defina el proyecto definitivo, éste se ponga en conocimiento de la oposición para llegar a un acuerdo acerca de las instalaciones que allí se levantarán.

Asimismo, también se tratará en la Comisión Informativa de Urbanismo la permuta de terrenos en los que aparezcan restos de relevancia por otros que se reservarán --en total 3.000 metros cuadrados-- en este lugar.

El portavoz de la oposición, Fernando Molina, insistió en su argumento de que el equipo de Calle ha "tumbado" el proyecto anterior, aprobado por el Gobierno de Acedo, movido por un ánimo "revanchista" que ha dejado en el camino 1.500 puestos de trabajo. Gordillo replicó que aquel plan era "ilegal" según declaró un juzgado y la Junta, y además defendió el nuevo PERI como un proyecto en el que primará "lo público" frente al anterior, que suponía "el negocio del siglo" para las empresas adjudicatarias, a las que se les "regalaban" 16 millones de euros correspondientes a las 55.000 unidades aprovechamiento que se ponían a su disposición.

En cuanto a la ampliación del polígono de la Sepes, el PP reiteró que el cambio de parcelas supone un perjuicio para el ayuntamiento, ya que las que tendrá ahora, detrás de la antigua ITV, valen menos que donde están actualmente, junto a la autovía. Gordillo respondió que lo que realmente sería perjudicial para Mérida es que las empresas interesadas en instalarse en este espacio finalmente no lo hicieran por un enquistamiento de los trámites urbanísticos, que impidan que las obras de urbanización comiencen este año.