La paralización de las obras en el antiguo cuartel Hernán Cortés ha provocado un cruce de acusaciones entre el PSOE y el PP. Tras el recurso presentado el jueves por el Grupo Municipal Popular en el Contencioso contra la decisión de la junta local de gobierno de paralizar este proyecto, ayer el secretario general de los socialistas de Mérida, Ignacio Sánchez Amor, se preguntó si la portavoz popular, Pilar Vargas, tiene "intereses desconocidos" en este proyecto.
A su juicio, la actuación del equipo de gobierno "viene avalada por un informe de la Dirección General de Administración Local de la Junta de Extremadura", por lo que "resulta aun más sorprendente que la portavoz de dicho grupo actúe en defensa de los intereses privados de las empresas promotoras de dichas obras", argumentó.
Por su parte, el PP, en contra de lo dicho por el PSOE, indicó ayer que está "absolutamente legitimado" para impugnar la decisión de la junta local de gobierno. Para ello, cita el artículo 106.1 de la Constitución, que expresa que los juzgados y tribunales "controlan la legalidad de la actuación administrativa".
