Continúa el proceso para la remodelación de los quioscos de la plaza de España. El Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz y el perfil del contratante del Ayuntamiento de Mérida publicaron ayer los pliegos de condiciones para la adjudicación de los cuatro bares, que salen a concurso por un canon anual de 12.979 euros que los interesados tendrán que mejorar al alza.

La concesión será a 20 años y además de las cláusulas sociales (garantizan empleo estable y de calidad, precios asequibles a los consumidores o la adquisición de productos provenientes del comercio justo) el pliego incluye un régimen específico de sanciones con multas a partir de 800 euros por si se incumplieran las obligaciones del contrato.

Los interesados, que deberán costear también la reforma de 181.500 euros que se ha proyectado para cada uno de estos espacios, podrán presentar ofertas hasta el 21 de noviembre, según explicó ayer la portavoz municipal, Carmen Yáñez. Esta recordó que el ayuntamiento está abordando dos procesos: «de un lado la regulación de la concesión administrativa de los quioscos y de otro, la rehabilitación de los edificios». Un mes después de adjudicarse la explotación de los bares comenzarán las obras de reforma de los quioscos de acuerdo al proyecto diseñado por el arquitecto José Javier Sánchez.

Yáñez destacó que la remodelación «ya cuenta con todos los informes preceptivos», incluido el del Consorcio de la Ciudad Monumental, que desde ayer se puede consultar en la web municipal. Según la resolución emitida por la Comisión Ejecutiva, el Consorcio considera que los nuevos quioscos se han proyectado «de acuerdo a una solución de diseño arquitectónico sencilla y elegante» y entiende que «se ha pretendido conseguir la mayor visión de la plaza desde cualquier punto de vista de la misma», por lo que las nuevas construcciones «no perturbarán la contemplación de los bienes protegidos». Eso sí, se hará un seguimiento de las obras ya que se contempla que los sótanos de los nuevos quioscos bajen más de dos metros.

El otro documento al que se refirió Yáñez es un informe emitido por la Dirección de Patrimonio de la Junta en la que se recoge que «la mera presentación la solicitud para que un bien sea declarado de interés cultural (lo pidieron los actuales concesionarios para paralizar el derribo) no tiene ningún efecto cautelar sobre este, que solo quedaría protegido una vez que se produzca la resolución correspondiente». H