El Juzgado de lo Social número 3 de Badajoz ha desestimado la petición del ayuntamiento de suspender la vista oral prevista para el miércoles día 9 en la capital pacense, donde se verá la denuncia presentada por el exgerente de la empresa municipal de Transportes Urbanos, Prudencio González, contra el consistorio por despido improcedente.

Mercedes Moyano, concejala de Economía y Hacienda y presidenta del consejo de administración de la empresa de Transportes Urbanos, ha afirmado que pidieron esta suspensión hasta que finalizara otra causa pendiente que afecta también a González: la demanda por malversación de fondos y estafa presentada por el ayuntamiento, que se sigue en el juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Mérida.

LOS ARGUMENTOS El ayuntamiento quería suspender el juicio por despido a la espera de la decisión que tomase la magistrada sobre la causa antes citada, ya que si aprueba abrir una vista oral y logran demostrar que no se celebró el consejo de administración en el que se aprobó el contrato del anterior gerente, que incluye una indemnización millonaria, la sentencia se aportaría como prueba al juicio que se sigue en Badajoz, y el ayuntamiento no tendría que desembolsar los 205.000 euros que pide el exgerente por su despido.

En cuanto al juicio del miércoles 9, ya se convocó una sesión en noviembre, pero fue suspendida nada más comenzar por un defecto de forma, ya que el abogado de Prudencio González no informó al fiscal, que debía estar presente en la causa al tratarse de un juicio en el que se denuncia la vulneración de derechos fundamentales, como la garantía de indemnidad (estado o situación de quien está libre de daño o perjuicio).

Según la demanda, esta garantía no ha estado asegurada porque González considera que con su despido se le está represaliando por haber denunciado al edil de Personal, Juan Espino, y por el acoso moral que dice haber sufrido en los últimos meses.

RECLAMACION El exgerente de transportes reclama en la demanda que se le indemnice con 205.927 euros por despido improcedente. Además, si se considera ajustado a derecho el contrato firmado en el 2007, pide ser readmitido y cobrar una indemnización de 185.783 euros por daños y perjuicios.

Por su parte, el consistorio le ofrece una indemnización de 16.000 euros correspondiente al contrata firmado en el 2001, ya que opina que no es un despido, sino un cese de un alto cargo.

Y si el juez da la razón al consistorio, el exgerente tendrá que devolver 36.742 euros de la nómina cobrada en abril del 2007, en la cual su sueldo ascendió a 56.723 euros.