Sin compradores. Así se ha resuelto la subasta del silo de trigo de Mérida que realizó el pasado lunes el Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) para la enajenación del edificio. Tras no recibir ninguna oferta, el organismo dependiente del Ministerio de Agricultura ha publicado la venta directa del silo por un importe de 708.775,64 euros, por lo que se reduce en un 31% el precio de salida de la primera subasta, que fue de 1,02 millones de euros.

Según informa el Fega en su página web, la enajenación de este inmueble por adjudicación directa mantendrá el aval inicial de 51.472,45 euros que se pidió como garantía a los interesados, y que se corresponde con el 5% del valor de tasación del edificio. El plazo límite para la presentación de solicitudes se fija en el 23 de enero de 2018 o en el día anterior a la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de una nueva convocatoria de subasta.

La portavoz del gobierno local, Carmen Yáñez, cree que el Ministerio «recalculará y volverá a valorar el destino del Silo». En declaraciones a Televisión Extremeña, indicó que espera que se cuente con el consistorio y la Junta «para valorar si es necesaria que se saque a licitación para una explotación privada o se le pueda dar otro uso a este edificio, que tiene una solicitud de bien de interés cultural».

El edificio salió a subasta por un precio de 1.029.449 euros (su valor de tasación), una cantidad que se fue rebajando en sucesivos sorteos hasta llegar a los 708.775,64 euros de la cuarta subasta en caso de que no hubiera compradores. El silo de Mérida está situado en la calle Alejandro Laborde y enclavado en una finca urbana con una extensión de 12.463 metros cuadrados. El inmueble cuenta con una superficie total de 12.463 metros cuadrados donde se incluyen el almacén de nueve plantas destinado al acopio de cereales (su capacidad es de 10.500 toneladas), una vivienda, oficinas y archivo.

Después de que el Fega anunciara la salida a subasta del silo emeritense, la Secretaría General de Cultura de la Junta inició el expediente para declarar el edificio Bien de Interés Cultural (BIC) a petición del ayuntamiento. Este proceso sigue su tramitación y no impide la venta del inmueble, pero sí modifica su grado de protección porque los nuevos propietarios no podrán derribarlo o modificarlo menoscabando su valor histórico y patrimonial. Cabe recordar que en junio 2014, el gobierno regional revirtió el uso del silo al Estado junto a otros 16 de toda la región con el objetivo de «desafectarlos», tasarlos y valorarlos para sacarlos a subasta.