La huelga del transporte urbano de Mérida, prevista para los días 20, 21 y 23 de febrero, queda desconvocada al llegar los sindicatos a un acuerdo con la empresa concesionaria del servicio, Vectalia, que ha permitido reducir de once a cuatro los despidos previstos en el proceso de reestructuración del servicio. Los sindicatos CCOO, CSIF y UGT, organizaciones representantes de los trabajadores, informaron en un comunicado del acuerdo alcanzado y de la desconvocatoria de los paros.

Tal y como avanzó ayer este diario, en la tarde del pasado martes se alcanzó un preacuerdo entre ambas partes que llevaría a desconvocar la huelga. Tras las negociaciones que se han desarrollado durante el carnaval, la previsión se ha cumplido y la plantilla de trabajadores ha aceptado la oferta de Vectalia. En función del acuerdo, los despidos se reducen de once a cuatro, tras pactar la empresa y los sindicatos la creación de dos puestos de trabajo nuevos, uno de inspector de transporte y un controlador de ORA.

Además, dos empleados, que pasan durante 2018 a la jubilación parcial, serán reemplazados por otros dos de los que estaban inmersos en el proceso de despidos. Hasta el próximo 1 de marzo se abre un procedimiento de traslado voluntario a una empresa del mismo grupo en Alicante, y por cada trabajador que acceda voluntariamente a este traslado, se reducirá en otro el de los despedidos en Vectalia. Según los sindicatos, hasta el momento ya hay un trabajador que ha comunicado a la empresa su traslado voluntario a Alicante. Asimismo, se establece un proceso para que también de forma voluntaria trabajadores puedan negociar su salida de la empresa, de tal forma que eso conlleve el rescate de alguna persona despedida.

Por otra parte, el grupo municipal IU calificó ayer como recortes la modificación del servicio de autobuses urbanos anunciada por el Gobierno local y vincula estos a la privatización del servicio que realizó el anterior gobierno del Partido Popular. En esta líneal, el grupo muestra su sorpresa por la postura del equipo de gobierno ante las consecuencias del proceso de privatización, que «se traducen en el despido de trabajadores y en la reducción de las prestaciones del servicio».