Los 5.500 fans de Joaquín Sabina que hace tres años se quedaron de la noche a la mañana sin concierto y sin los 25 euros que les había costado la entrada acaban de recibir otra mala noticia. Agustín Tarazona, el promotor de aquella actuación, programada para el 17 de mayo del 2006, fue condenado ayer a dos años de prisión, por lo que no pisará la cárcel al no tener antecedentes, y al pago de una multa de 1.050 euros. Además, el tribunal de la Audiencia Provincial que le juzgó en Mérida le ha inhabilitado durante cuatro años para la organización de cualquier tipo de espectáculo.

Tarazona tendrá que devolver el dinero a quienes fueron estafados, es decir, a los que pagaron por una actuación que nunca vieron. Pero para la Justicia solo fueron estafados apenas unas 70 personas que decidieron presentar una denuncia ante la policía o en un juzgado. El resto no volverá a ver un dinero que Tarazona obtuvo con la venta de entradas -unos 137.000 euros- que ahora nadie puede reclamarle.

En total, y según dijo su abogado tras el juicio, su cliente no tendrá que pagar más de "5.000 o 6.000 euros". El letrado, Dionisio Benítez, explicó que solamente se puede juzgar aquello que se incorpora en la fase de instrucción, por lo que aquello que "no consta en auto no existe".

Tarazona se enfrentaba a una petición de seis años de cárcel por parte de la Fiscalía. Sin embargo, las negociaciones de última hora entre el ministerio fiscal y la defensa permitieron incorporar un atenuante que rebajó la condena a dos años de prisión. El acusado no dudó en afirmar su acuerdo con la condena. Se trata de una sorpresa de última hora que se conoció en el mismo juicio. La defensa reclamó una rebaja de la condena alegando que el acusado padece un "trastorno de la personalidad". El tribunal aceptó las pruebas presentadas y redujo la condena hasta el límite que determina si un condenado va o no a la cárcel en caso de no contar con antecedentes. Ahora el promotor deberá acudir a terapia en la unidad de salud mental de Almendralejo para tratar su trastorno durante cuatro años.

La resolución del caso no sentó nada bien entre los afectados. En las dependencias judiciales se encontraban algunos de los denunciantes, que acudieron al juicio en calidad de testigos. Como hubo acuerdo, ni siquiera fue necesaria su participación. Algunos se mostraban satisfechos por recuperar su dinero, pero se preguntaban qué ocurre ahora con el tiempo y las molestias ocasionadas desde entonces. Entre los testigos estaban Fernando Molina y Begoña Saussol, entonces delegados de Cultura y Festejos del gobierno del PP, puesto que el consistorio había cedido el albergue municipal como sede del concierto. Ambos se mostraron disgustados con el resultado. Saussol fue más allá y reconoció que actuó entonces "mal aconsejada". En enero de este año se supo que el ayuntamiento no se presentó como acusación particular.