El abogado de Agustín Tarazona, el promotor de concierto de Sabina que se suspendió en 2006 sin devolver el importe de las entradas, ha salido al paso de lo que considera un "escarnio público" al que se está sometiendo a su representado en los foros de debate generados tras la sentencia.

A través de un comunicado, el letrado Dionisio Benítez-Cano subraya que la condena impuesta, que de momento le exime de la cárcel y por la que solo tendrá que devolver el dinero a 70 de los 5.500 espectadores que habían comprado su entrada, se ajusta a derecho, y que a su cliente no se le puede imputar la "dejadez" o el "mal asesoramiento" de quienes no reclamaron por la vía judicial.

También resalta que la enfermedad mental atribuida a su cliente ha sido diagnosticada por psiquiatras tanto privados como del sistema sanitario público. Un trastorno de la personalidad que, dice, ha influido en su forma de actuar y "en la forma de cómo terceros han actuado respecto a él". El abogado está convencido de que su representado ha sido el "cabeza de turco y chivo expiatorio de intereses espurios".