La delegada de Medio Ambiente, Marisa Tena, asegura que no formó parte del tribunal de selección de 17 policías locales del año 1997, y está dispuesta a acudir a los tribunales para que un perito judicial certifique mediante una prueba caligráfica que la firma que le atribuye el Partido Popular no es la suya.

La concejala emeritense compareció ayer ante los medios para salir al paso de las declaraciones del PP al respecto, mediante las que le hacen partícipe de la decisión que adoptó el tribunal calificador, y que posteriormente anuló un juez argumentando que se había vulnerado el principio de igualdad en el acceso a la función pública.

Las impugnaciones presentadas por varios aspirantes obligaron a corregir nuevamente los exámenes en 2008, lo que motivó la entrada en la plantilla de dos de los afectados, quienes reclamaron una indemnización por el periodo transcurrido. El juez les ha dado la razón y el ayuntamiento debe abonarles casi 209.000 euros.

Tras conocerse esta sentencia la semana pasada, el PP --que gobernaba en 1997-- defendió su participación en el tribunal, presidido por Pedro Acedo, y asimismo argumentó que las acusaciones vertidas por el Gobierno local acerca de la responsabilidad de éste en lo ocurrido también iban dirigidas a uno de sus miembros, la edil Marisa Tena.

Así, aunque su nombre aparece entre los miembros del tribunal en el citado acta de 1997, la concejala socialista defiende que a pesar de estar citada no asistió a aquel tribunal. "Ninguna de las firmas que aparecen en ese tribunal es mía. Lo único que trata el PP, y lo que no le voy a consentir, es hacerme cómplice de una actuación plagada de irregularidades como ya han dictaminado los tribunales". Por todo ello, exige una rectificación pública de los populares.

Estas disculpas no se han producido. A través de un comunicado, el portavoz del PP, Miguel Valdés recuerda que en aquel tribunal, compuesto por nueve miembros, solo había un representante del PP, el entonces alcalde, y critica que el gobierno local niegue la validez del acta que el propio ayuntamiento envió al TSJEx para estudiar el caso.

Tena indica que no entra a valorar la legalidad de aquel acta, y aclara que nunca lo puso en entredicho porque desconocía lo que ocurrió en el tribunal, hasta que el PP le ha atribuido una firma que no es suya.

La edil recuerda que en 2008 un periódico local, ya desaparecido, le atribuyó una firma como suya en este mismo caso y que pudo demostrar que pertenecía a un funcionario. En esta ocasión le atribuyen la firma de una persona distinta.

Desde el PP se preguntan por qué ningún miembro de aquel tribunal, en el que había representantes políticos (entre ellos Acedo), sindicales, de la administración regional y del Estado, además de funcionarios, nunca impugnó un acta que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, y que, a pesar de que Tena afirma que no asistió, coincide el número de sus miembros con las firmas plasmadas en el acta.