La Dirección General de Trabajo de la Junta, como autoridad laboral en esta cuestión, aprobó el 21 de marzo el expediente de regulación de empleo y cese de actividad de la empresa del corcho Arcobel y del centro especial de empleo Aseicork, con 87 y 47 trabajadores, respectivamente, que han comenzado a ser despedidos para proceder al cierre.
La decisión y el destino final de esta industria ha sido criticada por el sindicato UGT, que acusa a la Federación de Construcción, Madera y Afines de CCOO --con mayoría en Arcobel-- de "haber apostado desde el primer día por negociar una indemnizaciones superiores a las legalmente establecidas y no luchar por la defensa de los puestos de trabajo", señaló ayer el secretario regional de la Federación del Metal, Construcción y Afines de UGT, Miguel Angel Rubio.
Sin embargo, el director general de Trabajo, José Luis Villar, manifestó ayer a EL PERIODICO EXTREMADURA que ha actuado conforme a la legalidad, ya que "las dos empresas llegaron a un acuerdo sobre la indemnización con los trabajadores, por lo que la autoridad legal lo que hace es bendecirlo, porque no interfiere en las relaciones laborales".
Además, señaló que la Inspección de Trabajo "ha dicho que no concurre ni dolo ni coacción ni abuso de derecho en el acuerdo", y recordó que los 50 días de indemnización --cinco más de lo máximo que contempla la legislación-- "supone la mayor indemnización dada en Extremadura".
