Al ayuntamiento le costará cuadrar las cuentas del Extremúsika. El concejal popular Daniel Serrano anunció ayer en rueda de prensa que se personará como acusación popular en defensa de los intereses de la ciudad en el asunto del festival de rock celebrado en abril del 2009. Y la sección de enjuiciamiento del Tribunal de cuentas ya ha abierto las diligencias preliminares, correspondientes al número C-6/10-0.

Serrano comunicó que quince minutos antes de iniciarse la citada rueda de prensa, había asistido "acompañado por varios miembros y representantes del Partido Popular de Mérida", a una notaría de la ciudad para firmar un poder con la intención de que los abogados puedan ejercer la representación de su persona ante el tribunal de Cuentas. Además, también informaron de que ya se ha notificado al mismo que el PP ejercerá como acusación popular en el procedimiento abierto por las presuntas irregularidades en la contratación y gestión del Extremúsica.

Irregularidades que desde el punto de vista del equipo municipal de gobierno, "no existen". El ayuntamiento, además, en nota de prensa expresó su "rechazo" a las políticas que, consideran, pretende recuperar la oposición. "Políticas ya superadas, propias de tiempos anteriores, en las que no se va a entrar porque la ciudad se cansó de esas actitudes", afirma el consistorio.

Con respecto a las denuncias realizadas por el concejal popular Daniel Serrano, "responden a políticas en las que el equipo de gobierno no va a entrar nunca", resaltando además, que el grupo municipal popular se dedica a "enfragar la política municipal con las formas que le caracterizan, pero sin aportar ideas ni propuestas, simplemente por generar crispación".

Pero lo cierto es que Daniel Serrano tiene muy claro que "hay irregularidades en la gestión del Extremúsika, ya que de 150.000 euros que iba a costar inicialmente, se pasó a más de 600.000". Y "como es nuestra función la fiscalización y denunciar lo que está mal, seguiremos adelante, trabajando por los intereses de todos los emeritenses", concluyó Serrano.

Ahora, una vez que la acusación se ha personado para formalizar la denuncia, el Tribunal de Cuentas reclamará al ayuntamiento todos los documentos que considere oportunos para poder deducir si realmente existe o no un delito. Y para eso, desde el consistorio tendrán que nombrar o designar a un procurador, puesto que según Serrano, "el alcalde no puede intervenir, no puede ejercer ningún tipo de poder porque no es una persona ajena a la causa". Lo que se hará, "posiblemente en el próximo pleno", confirmó el concejal popular.