Treinta años después, El Vivero sigue inmerso en su propia «laguna». La asociación de vecinos de esta colonia ubicada a las afueras de la ciudad, junto al camping, se está planteando recurrir a la Junta de Extremadura en busca de soluciones que permitan culminar la urbanización.
Sus calles no cuentan aún con asfaltado o alumbrado público y el problema es que una parte de los residentes, aproximadamente la mitad, no quiere asumir el coste que supondría urbanizar. El colectivo vecinal estima que serían cerca de tres millones de euros, a dividir entre las 270 parcelas existentes. Actualmente, entre 1.200 y 1.400 personas residen en esta zona de Mérida.
Según explica el secretario de la asociación de vecinos, Antonio Gallego, en el último año se han mantenido varias reuniones con el ayuntamiento para intentar desbloquear la situación, pero el problema sigue enquistado «porque no hay manera de poner de acuerdo a los vecinos». Además, desde hace aproximadamente tres meses están esperando la respuesta del consistorio a su última comunicación, por lo que el colectivo ya se plantea acudir a instancias superiores. «Nuestro siguiente paso será ir a la Junta de Extremadura para que interceda y podamos encontrar una solución. No se puede vivir permanentemente así», señala.
Actualmente los terrenos en los que se ubican las viviendas tienen la categoría de «suelo urbano no consolidado». Inicialmente eran rústicos y Gallego reconoce que hace aproximadamente 30 años, cuando se empezaron a vender las parcelas, las viviendas que se construyeron eran «ilegales».
PROBLEMA HISTÓRICO / No obstante, en lugar de derribarlas la administración autorizó la acometida del agua y la electricidad. «Si hubo negligencia por parte de los particulares, también la hubo desde la Administración. Por tanto, ahora no nos vale que nos digan que las cosas se han hecho mal desde el principio», reitera Gallego. Pero al margen de la situación de los terrenos, tampoco los residentes se ponen de acuerdo para urbanizar, pues el coste deberían asumirlo los propios vecinos.
La asociación estima que estaría en torno a los 2,8 millones de euros, lo que supondría una derrama de casi 12.000 euros por parcela. «No hay manera de ponernos de acuerdo porque aproximadamente la mitad no quiere pagar, y contra tanta gente sería inviable iniciar un procedimiento judicial», reconoce el secretario de la asociación, que también reivindica el derecho del resto de vecinos que quieren urbanizar.
