El pleno municipal aprobó ayer, con los votos a favor del PP y en contra del PSOE, autorizar la venta de las participaciones públicas en la empresa mixta de gas natural Gasmer, lo que supone que esta sociedad empresarial de distribución del gas pase a ser totalmente privada.

El concejal del Partido Popular, Gonzalo García de Blanes, explicó que esta decisión se debe a que la empresa Gasmer ha iniciado un proceso de inversión y expansión en el que el consistorio emeritense tendría que incrementar su aportación económica. Además, recordó que desde el pasado mes de enero el servicio del gas se ha liberalizado, lo que significa que cualquier empresa puede comercializar el gas en Mérida.

García de Blanes destacó que la intención del ayuntamiento emeritense con la reserva de gas nunca ha sido entrar en competencia con grandes empresas. Además, señaló que el servicio de gas está muy regulado tanto por la administración central como por la autonómica.

El concejal aseguró que considera que esta oportunidad es una gran ventaja ya que con esta operación el consistorio puede obtener una plusvalía que ningún otro ayuntamiento o administración ha logrado antes.

Por su parte, el Grupo Socialista, que votó en contra de esta propuesta, señaló que con esta iniciativa de vender la participación municipal a la parte privada "vamos a perder uno de los motores más importantes para el desarrollo y el impulso de la ciudad".

El portavoz del PSOE, Angel Calle, aludió a que esta operación forma parte "de un teatro" marcado por las querellas y las denuncias que se han presentado contra la parte privada de Gasmer.

Por otro lado, el pleno también aprobó tres programas de intervención social con el fin de conseguir eliminar la pobreza. La línea de trabajo estará orientada a la mejora de la situación social en las zonas más desfavorecidas de Mérida.

Otros acuerdos a los que llegaron fueron: La aprobación de la propuesta que inste al Gobierno de España a presentar ante la Unesco la solicitud oficial para que la Vía de la Plata sea declarada monumento Patrimonio de la Humanidad y la propuesta de la creación de un Consorcio con la Diputación de Badajoz para la gestión del Servicio de Extinción de Incendios.