La Agencia Extremeña de la Vivienda iniciará después de Semana Santa el desahucio de las familias que ocupan ilegalmente viviendas sociales de la Junta en la barriada de San Lázaro, un proceso similar a los llevados a cabo en Plasencia y Cáceres.
Así lo afirmó ayer el presidente de la agencia, Javier Corominas, en un acto celebrado en la biblioteca del Estado para entregar las llaves de 65 viviendas sociales. Los pisos son aquellos que la Administración ha ido recuperando de personas que han renunciado a ellos o los tenían como segunda vivienda. La mitad se encuentran en Nueva Ciudad, el resto en la carretera de Alange, la urbanización Cruzcampo, la Corchera y San Lázaro.
Corominas recordó que del proceso de selección se han excluidos tres peticionarios. Dos de ellos fueron baremados y les correspondía una vivienda, pero se dieron cuenta que habían ocupado una vivienda ilegalmente y se les excluyó del proceso.
Javier Corominas dijo que en Mérida se necesitan ahora 47 viviendas, pero sólo disponen de 15, que se están reparando. En este sentido dijo que irán al alquiler o a la compra de pisos para cubrir las necesidades "de todas las familias que superen los 50 puntos", indicó.
En cuanto a los desahucios que se iniciarán en San Lázaro, Corominas hizo un llamamiento para que aquellas familias que hayan ocupado ilegalmente una vivienda la abandonen, ya que será la única forma de que puedan entrar en el proceso de selección que se abrirá.
Además, indicó que lo ideal sería que la Justicia actuara contra estas personas por usurpación de bienes. De esta manera se agilizarían los procesos de desahucio que emprende la Administración regional, "que son largos y farragosos".
