La portavoz municipal, Carmen Yáñez, insistió ayer en que el ayuntamiento no puede seguir asumiendo los gastos que genera el mantenimiento del Mercado de Calatrava y recordó que esta situación genera «una competencia desleal» frente al resto de empresarios de la ciudad. Según explicó, el mantenimiento del mercado (gastos de luz, agua, limpieza y seguridad) cuesta a las arcas públicas unos 200.000 euros anuales, mientras que los ingresos por tasas y licencias ascienden a 25.000.

«Pagamos entre todos la actividad de unos pocos empresarios y no tenemos obligación de cubrir esos gastos», aseguró Yáñez en respuesta a las críticas que el pasado jueves lanzó Mérida Participa contra la privatización del inmueble. «Privatizado ya está porque lo explotan empresarios privados y solo a ellos les produce beneficio», replicó la portavoz. Según Yáñez, lo que se pretende ahora no es privatizar el mercado, sino que cesen las competencias municipales sobre el mismo para no tener que hacer frente a esos gastos. La propuesta irá el lunes a la Comisión de Hacienda y Patrimonio y deberá después pasar por el pleno, siendo en este caso necesario contar con el visto bueno de los grupos.

En caso de aprobarse, el mercado entraría en un «periodo transitorio» hasta que culmine el estudio de viabilidad que se está elaborando para determinar si su explotación y mejora se saca a concurso o se gestiona bajo una fórmula mixta. Hasta entonces, aseguró Yáñez, nada cambiará para los tenderos actuales. «El mercado es absolutamente deficitario y lo que queremos es dar viabilidad a un centro estratégico que puede llegar a convertirse en el eje comercial de la ciudad, que tenga cohesión social, cree empleo y sea, además referencia turística», reiteró.

La cuestión, no obstante, no será fácil, pues si el jueves fue Mérida Participa quien lanzó las primeras críticas, ayer fue IU la que defendió que el mercado siga siendo público. En una nota, la formación defendió la rehabilitación del inmueble con fondos de la Junta y recordó que la disponibilidad de empresarios privados para asumir su gestión es la prueba más evidente de su viabilidad económica. «La privatización supone la renuncia del ayuntamiento a los ingresos que podrían deducirse de una gestión adecuada, un reto que en ningún caso se ha afrontado desde hace décadas», aseguró.