El 8 de septiembre, día de la festividad de Guadalupe, es el día de Extremadura. Y no es una fecha casual sino que fue elegida por su arraigo popular y por la dimensión histórica y cultural que representa para el pueblo extremeño.

El Monasterio de Guadalupe, lugar de culto a la Virgen Patrona de Extremadura, pertenece a una jurisdicción eclesiástica ajena al territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Han sido muchas las voces que desde hace años vienen reclamando que Guadalupe pase a formar parte de la provincia eclesiástica de Extremadura. Asociaciones representantes y miembros de la propia iglesia e instituciones autonómicas, entre otras, han manifestado su deseo de que el símbolo identitario que nos refuerza y nos une como pueblo, se vincule de una forma íntegra al territorio del que es referente. Así, es justo que el esfuerzo y la constancia de la Asociación cívica extremeña Virgen de Guadalupe, Guadalupex, se vea acompañado por quienes tenemos responsabilidades políticas.

Este Parlamento, desde el más profundo respeto a la independencia y autonomía de la iglesia católica para gestionar sus propios asuntos e intereses, quiere manifestar su expreso apoyo a que Guadalupe dependa de una jurisdicción eclesiástica con sede en el territorio extremeño. La legitimación de esta Cámara para ello radica en el propio texto constitucional, que viene a exigir a los poderes públicos que tengan en cuenta las creencias y aspiraciones de la sociedad a la que sirven.

Por ello, en el convencimiento de que Guadalupe se identifica además de por su carácter religioso, por su relevancia histórica y cultural para el pueblo extremeño, la Asamblea de Extremadura se pronuncia formalmente a favor de su dependencia de una jurisdicción eclesiástica con sede en nuestro territorio.

Por la devoción de muchos, el fervor de otros y siempre y sobre todo, por ser considerado como símbolo identitario que nos refuerza y nos une como pueblo, se somete a la consideración del Pleno esta Declaración Institucional.