Iberdrola ya protege a prácticamente el 99% de sus clientes residenciales de la suspensión del suministro eléctrico y/o de gas por impago de la factura, en el marco de los diversos convenios sellados con Administraciones Públicas y ONG o del procedimiento puesto en marcha por la compañía en 2015 para la protección a clientes vulnerables, lo que ratifica su compromiso con los ciudadanos económicamente más desfavorecidos de nuestro país.
La compañía se ha comprometido a prestar atención a los clientes en situación de vulnerabilidad y a colaborar, según las políticas que establezcan las Administraciones Públicas competentes en cada caso, para facilitar el acceso continuado al suministro de energía eléctrica y gas.
En esta línea, Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, ha asegurado recientemente que “la empresa es consciente de la complejidad y las dificultades por las que atraviesan muchas personas en el contexto actual y de ahí la firma de acuerdos con comunidades autónomas y ayuntamientos en España para garantizar la continuidad del suministro eléctrico y de gas a los usuarios económicamente vulnerables. En breve plazo estará protegida la totalidad de los clientes de nuestra compañía pertenecientes a este colectivo”.
Desde finales de julio de 2015, Iberdrola ya ha firmado 44 convenios con comunidades autónomas, ayuntamientos, ONG y asociaciones para la protección de estos clientes:
--Castilla y León, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Galicia, País Vasco, Navarra, Aragón, Cantabria, Andalucía y Región de Murcia, por un lado;
--Bilbao, Castellón, Vitoria, Alicante, Valencia, Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Almassora, Elche, Cáceres, Logroño, Torrevieja, Talavera de la Reina, Gijón, La Unión, Caravaca, Mancomunidad de Servicios del Noroeste de Murcia, San Sebastián, Cehegín, Sevilla, A Coruña, Torre Pacheco e Irún, por otro;
--También Cruz Roja de Murcia, Cáritas de Murcia, Cáritas de Plasencia, Cruz Roja de La Rioja, Cáritas de Coria-Cáceres, Cruz Roja de Extremadura, Cruz Roja de Canarias, Cáritas Diocesana de Menorca, Cruz Roja Baleares y Cruz Roja Galicia.
--Y, finalmente, la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados (UDP).
NEGOCIACIONES. En esta línea, cabe destacar que la empresa mantiene negociaciones en curso con el resto de las comunidades autónomas, numerosos consistorios españoles, ONG y asociaciones de cara a extender dicha protección, a la mayor brevedad posible, a la totalidad de sus clientes domésticos en España.
La protección, que ya alcanza a más de 7,3 millones de clientes residenciales de un total de 7,4 millones (98,8%), es de aplicación a todos aquellos consumidores que tengan contratado el suministro eléctrico y/o de gas de su vivienda habitual con Iberdrola y que estén considerados clientes en situación de vulnerabilidad.
Esta firme apuesta de Iberdrola en el marco de su compromiso con los principios de solidaridad y servicio a la comunidad, responde a la aprobación y aplicación en 2015, por parte de la compañía, de un procedimiento de protección a clientes económicamente vulnerables en nuestro país, en consonancia con la nueva Política General de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo.
El objetivo de esta política, impulsada desde el Consejo de Administración de Iberdrola, es establecer los principios básicos y el marco general de actuación para la gestión de las prácticas de responsabilidad social corporativa que asume la compañía, así como servir de base para la integración de la responsabilidad social en el modelo de negocio del Grupo y en su estrategia empresarial.
