--¿No cree que la reforma de los colegios profesionales se ha convertido en un gran galimatías que nunca acaba de desarrollarse del todo?

--Sin duda la reforma es compleja. Puedo entender que, vista desde fuera, sea ese ´galimatías´ al que hace mención... Y eso que los colegios profesionales son solo uno de los subsectores afectados por la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva europea de Servicios, verdadero origen de todo esto. Esta Directiva, que es del año 2006, buscaba reformar todo el sector servicios para hacer realidad el sueño de un verdadero Mercado Interior Europeo de Servicios. Lo que ocurre es que para llevar a cabo en España la reforma está siendo necesario poner en marcha varias normativas. En el año 2009 se aprobaron las llamadas Ley Paraguas y la Ley Omnibus. La primera era una traducción, casi literal, de la directiva europea. La segunda, detectaba y modificaba la normativa nacional que pudiera colisionar con la letra y el espíritu de la directiva y, además, incorpora otras medidas que ha impulsado el Gobierno que van más allá de lo necesario de transposición. Entre esa normativa modificada, más allá de lo que resultaba necesario, está la Ley de Colegios Profesionales y la de Sociedades Profesionales. Finalmente, a lo largo de este 2010 será aprobado un real decreto sobre visado y una ley sobre servicios profesionales, que determinará qué actividades profesionales tendrán como requisito la colegiación obligatoria.

--¿Qué espera de la ley de colegiación? ¿Todas las profesiones deben tener control universal sobre sus ejercientes?

--Tiene gracia porque nos han obligado a ser redundantes al hablar del ´control universal´ como si lo primero no implicara necesariamente lo segundo. Pero esa redundancia es necesaria porque, efectivamente, se habla sin rubor alguno de hacer compatible la función de los colegios profesionales, de ordenadores, promotores y vigilantes del buen ejercicio profesional, con un contexto de colegiación voluntaria. Con este tema se ha llegado casi al absurdo en algunos aspectos de la Ley Omnibus. Por ejemplo cuando se dice que si un colegiado se desplaza para ejercer su profesión en un ámbito territorial distinto al del colegio en el que figura inscrito, no puede ser obligado a comunicar esta actuación en otro colegio pero el nuevo colegio de destino tendrá que hacer las debidas funciones de ordenación, promoción y control deontológico y disciplinario... ¿Pero cómo si el colegio no tiene conocimiento de que ese profesional ejerce en su ámbito geográfico? Con cada acto profesional está la persona que recibe el servicio vinculado a la salud, a la justicia o a la seguridad, sin olvidar el medio ambiente. Y en eso no caben juegos de prueba y error para que el mercado decida. El mercado son personas y recurriendo a las palabras de Dostoyevski, en todo caso, éste es un juego cuya única regla es: esto no es un juego, esto es muy serio.

--¿En cuanto al decreto sobre visado que pronto se aprobará cree que escaparán algunos proyectos de su visado por parte de los colegios profesionales?

--Esa parece ser la idea que maneja el Ministerio de Economía. Tendremos que esperar, en cualquier caso, a los primeros borradores para hacer una valoración más profunda. Entendemos que pasar de un sistema preventivo, como el actual, a uno reactivo, en el caso de visado voluntario es un error que va, además, en dirección contraria al ahorro de costes. Nos conduce a una sociedad pleitista y de póliza (de seguros en continua subida). Eso es más costes en el ejercicio profesional, más problemas, más tiempo, peor escenario, vaya.