Fruto del consenso, el nuevo Estatuto de Autonomía de Extremadura continúa su trámite imparable. De hecho, la propia vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha augurado que la reforma podría estar aprobada en la Cámara Baja este mes de septiembre si los acuerdos sobre los últimos flecos se cierran con normalidad, puesto que la voluntad del texto es plegarse sin ningún tipo de ambigüedad al marco constitucional. En un encuentro mantenido con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, De la Vega afirmó que el texto refuerza ampliamente el autogobierno en Extremadura" y además "robustece su vínculo al proyecto común de España, fortalece sus competencias, consolida sus instituciones y que reconoce las expectativas de los extremeños".

Actualmente, el Estatuto de Extremadura se encuentra en fase de estudio por la Comisión de Constitucionalidad del Congreso de los Diputados. El exministro de Administraciones Públicas y actual presidente de la Fundación Alternativas, Juan Manuel Eguiagaray, manifestó durante una reciente visita a Extremadura que el texto es innovador en materia jurisdicional y relaciones administrativas. Destacó que la reforma se hay realizado "sin ruido" y que el fruto del consenso sea un texto al que no dudó de calificar como "rompedor".

ESTUDIOS Eguiagaray estuvo en Extremadura para firmar un convenio de colaboración con la Fundación Caja de Extremadura, al objeto de realizar un estudio sobre el nuevo texto que está coordinado por el profesor Juan José Solozabal y que se espera que en otoño vea la luz.

El texto profundiza en el estado de las autonomías, aunque con un claro respeto a todas las identidades. El nuevo Estatuto nace de la unanimidad en la Asamblea de Extremadura al objeto de que no hubiera ninguna duda sobre su constitucionalidad.

Y quizá por ese consenso sea que mientras otros estatutos registran un claro parón en su trámite el extremeño continúe. En esta legislatura sólo el texto de Extremadura se presentó para su aprobación, mientras que en 2004-2008 fueron nueve las propuestas presentadas de las que seis salieron adelante.

El texto extremeño estaba esperando a que el de Castilla-La Mancha se aprobara. A pesar del consenso inicial, han sido las diferencias en política hidrológica las que han propiciado que el texto sea retirado y que la Comisión Constitucional se ocupe ya del de Extremadura.