--¿Está el futuro de las profesiones en la internacionalización? ¿Podrá cualquier profesional colegiado en España ejercer su profesión en cualquier país de la UE sin problemas?

--Como he afirmado en alguna otra ocasión, y como vicepresidente de la Unión Mundial de las Profesiones y del Consejo Europeo de las Profesiones Liberales que soy, siempre apuesto por la internacionalización consciente de la importancia de que nuestros profesionales puedan desarrollar sus carreras profesionales en otros países comunitarios y también en el resto del mundo, más aún en momentos como el actual cuando existen más oportunidades en el exterior. Además, considero que tenemos unos profesionales cualificados excelentemente formados que son un exponente más de la Marca España a la que las profesiones aportan una buena imagen y que entre todos los sectores debemos fortalecer. La libre circulación de trabajadores en la Unión Europea es ya una realidad desde hace varios años. En el año 2005 se aprobó la Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones que permitía agilizar la movilidad de profesionales. No obstante, como se ha visto que todavía siguen existiendo algunas trabas, desde el año pasado se está revisando la Directiva con el objetivo de simplificar los trámites y facilitar dicha movilidad. Desde Unión Profesional, se está participando de forma activa en este proceso de modernización de la Directiva con el fin de hacer llegar las inquietudes de las profesiones españolas a la Comisión Europea. Las profesiones colegiadas españolas, individualmente o reunidas en Unión Profesional, toman parte activa en los foros internacionales de debate, comunicando y profundizando en el interés general, así como en su proyección social.

--¿Está el sector colegial lo suficientemente modernizado y adaptado a las directrices europeas?

--Nunca se puede decir que un sector está suficientemente modernizado pero lo que le puedo asegurar es que en estos últimos años hemos hecho importantes esfuerzos y avances para adaptarnos tanto a lo requerido por la Directiva de Servicios como a las propias necesidades de la sociedad. Además de la modernización impuesta por la transposición de la Directiva europea de Servicios a nuestro ordenamiento jurídico, mediante la comúnmente conocida como Ley Paraguas (aprobada en el año 2009), a partir de la denominada Ley Omnibus, normativa que desarrolla dicha transposición (y que fue aprobada en el mes de diciembre del 2009), también se emprendió una profunda reforma del sector colegial que iba más allá de lo requerido por la Directiva europea de Servicios. Dicha reforma se ha materializado a través de la actualización de los códigos de conducta, la publicación de la memoria anual para una mayor transparencia, la implantación de la ventanilla única para la información y tramitación telemática, o el desarrollo del servicio de atención a consumidores y usuarios como fin específico de los colegios profesionales. Todos estos aspectos tienen plena vigencia hoy en los colegios profesionales que dejan atrás algunas situaciones poco compatibles con la necesaria modernización de este subsector de los servicios.

--¿Cuáles son las principales demandas que realiza al gobierno de Mariano Rajoy?

--Como presidente de Unión Profesional le he remitido una carta al nuevo presidente del Gobierno para solicitarle el establecimiento de una interlocución permanente con nuestro sector. Son ya muchos los años que llevamos pidiendo a los sucesivos Gobiernos dicha interlocución con un sector que aporta el 8,8% del Producto Interior Bruto (según datos de 2006). Creemos que es necesaria la creación de un mecanismo de interlocución permanente con los colegios profesionales que favorezca el diálogo y el trabajo efectivo entre las Administraciones Públicas y el sector colegial. Creo que la sociedad civil organizada debe ser escuchada por los poderes públicos y, en nuestro caso, ello permita el desarrollo de una regulación equilibrada del sector con el fin último de atender el interés general en un marco de competitividad que favorezca el desarrollo económico.

--¿Qué derechos de la ciudadanía reivindica UP ante los recortes que sociales que se están poniendo en marcha?

--Unión Profesional la conforman profesiones de distintos ámbitos (jurídico, sanitario, económico, técnico, científico y social) desde donde se está reaccionando de forma significativa ante los recortes sociales llevados a cabo desde el Gobierno. Desde UP apoyamos las reivindicaciones que se están realizando desde las distintas profesiones por cuanto consideramos que es desde la sociedad civil desde donde debemos reivindicar los derechos de los ciudadanos en materia de salud o justicia, entre otras cuestiones. Como agentes sociales implicados en los diferentes recortes planteados, los consejos y colegios profesionales están poniendo de manifiesto las consecuencias que podrían tener dichos recortes en términos de calidad y acceso a los servicios profesionales afectados, especialmente, para los ciudadanos más desfavorecidos.

--La Ley de Servicios Profesionales quedó finalmente sin acometerse ¿Hace falta llenar algún vacío legislativo en el subsector de las profesiones?

--En mi opinión, el subsector de los servicios profesionales en España goza de una regulación, que si bien puede ser mejorada y actualizada a los nuevos tiempos, permite disponer de un modelo colegial sostenible y compatible con los sistemas presentes en los países de la Unión Europea y de nuestro entorno cultural. Se trata de un modelo basado en el interés general, la independencia de criterio profesional, la responsabilidad del actuante y el control independiente e imparcial por parte de una organización, como son los colegios, que garantice a la sociedad la calidad y buena práctica de los servicios profesionales. A través de la Ley de Servicios Profesionales se pretendía dar desarrollo a lo estipulado en la disposición 4 de la Ley Omnibus en relación con la modificación de la regulación actual en materia de colegiación. No obstante, considero que la exigencia de colegiación para aquellas profesiones con especial implicación en aspectos esenciales para las personas como la salud, la seguridad física y jurídica, el patrimonio, los servicios generales o el medio ambiente, es lo que posibilita a las instituciones colegiales proteger la calidad y mantener la confianza de la ciudadanía en los servicios prestados por sus profesionales. Porque, cuando hablamos de servicios que afectan a aspectos fundamentales de las personas, esa protección y garantía constituyen, en mi opinión, cuestiones indiscutibles.