La alcaldesa de Almaraz, Sabina Hernández, del PP, realiza un llamamiento al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y al subdelegado del Gobierno en Cáceres, Fernando Solís, para que intermedien ante el acoso político y personal que dice está sufriendo.

Hernández, acompañada por el secretario provincial del PP de Cáceres, Alberto Casero, asegura que ese acoso "está haciendo mi vida personal y política imposible" y añade que se trata de "una persecución política" que obedece a "una obcecación personal".

La alcaldesa culpa de la situación a la oposición socialista y advierte que lleva 7 años soportando acoso e insultos, y que el subdelegado del Gobierno está al corriente de esta situación a través de un escrito que le remitió el equipo de gobierno.

"Basta ya de que me acribillen a través de la prensa", añade Hernández, que defiende "la confrontación de ideas y posturas en los plenos", y se queja de la campaña que está sufriendo para descalificarla y desacreditarla como alcaldesa.

También advierte que "ya está bien, no han planteado una oposición constructiva" y se queja de que algunos miembros del Partido Socialista recurren constantemente a la descalificación y el insulto.

La alcaldesa, sin embargo, reconoce que se equivocó al poner en duda en el último pleno la ascendencia familiar de un concejal socialista, hecho por el cual el PSOE anunció que presentaría una querella contra Hernández, que dijo en su descarga que esa respuesta vino tras recibir insultos por parte de la oposición.

Por otra parte, la alcaldesa responde a las críticas vertidas por el PSOE sobre el destino de los 6 millones recibidos por el ayuntamiento de la Central Nuclear de Almaraz en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Hernández reconoce que el director de la sucursal de Banesto, donde se ha depositado el dinero, es su primo, pero defiende la legalidad del proceso, toda vez que, además, la entidad bancaria de Navalmoral era la que mejores condiciones ofrecía.

Ante las acusaciones de los socialistas, la alcaldesa señala que lo que habría que preguntarse es cómo es posible que la central nuclear pagara antes 3,1 millones de IBI y ahora abone el doble (6,2). Además, concreta que no son seis millones de euros depositados en cuentas bancarias, como dice la oposición, sino tres.